El juez que indaga en Turismo de la Generalitat ordena investigar empresas vinculadas a Unió y al 'caso Pallerols'

El juez que instruye el caso del presunto fraude en el Consorcio de Turismo de Cataluña ha acordado que se investigue a 35 empresas, en algunas de las cuales figuran como directivos personas vinculadas al denominado caso Pallerols, que otro juzgado investiga por supuesto fraude en las ayudas comunitarias para formación de parados y sobre una presunta financiación irregular de Unió Democràtica.

Entre las empresas que se investigarán aparecen Gestumer y Global Business, en las que figuró como administrador Santiago Vallvé Borrat, ex militante de Unió y que aparece en un vídeo incautado por la policía en las oficinas de Fidel Pallerols en el que se le ve recibiendo dinero del empresario andorrano. Pallerols recibía las ayudas para formar parados del Departamento de Trabajo, controlado por Unió desde hace 18 años.

Gestumer también está vinculada con el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex cuñado del secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre, amigo personal de Santiago Vallvé. Tanto Vallvé como Lorenzo Acuña trabajaron para la Fundación Fecea, próxima a Unió, y receptora de ayudas para formar parados. También se investiga a Recerca i Desenvolpament Empresarial, empresa productora de informes vinculada a Salvador Rovira, ex socio empresarial de Sánchez Llibre.

Según la documentación que obra en el caso Turismo que instruye el juzgado número 11 de Barcelona, Gestumer hizo un estudio para el Consorcio sobre el turismo en la 'Unidad Europea' por el que cobró 2,9 millones de pesetas. La otra empresa en la que Vallvé actuó como apoderado, Global Business, elaboró un estudio sobre el 'Agroturismo', por el que percibió también 2,9 millones.

El magistrado también investigará a la empresa Gerc -en cuyo accionariado figura el ex consejero de Turismo Lluís Alegre, también de Unió- que elaboró sendos estudios para el Consorcio, en 1995, sobre la comarca del Berguedá y el golf en Cataluña, que les reportaron sendos ingresos de 7,4 y 4,8 millones de pesetas, respectivamente.

Este caso se centra en las presuntas irregularidades detectadas en el Consorcio de Turismo, que dependía de la consejería de Turismo, gestionada siempre por Unió, durante la dirección de Joan Cogul, que está en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas por esta causa.

La investigación a esas 35 empresas, según las mismas fuentes, persigue conocer el destino final de unos 170 millones de pesetas pagados por el Consorcio por estudios y proyectos de 'dudosa utilidad'. En un auto, el juez dictó que 'es imprescindible conocer si estas sociedades tenían infraestructura para realizar [los estudios], la composición de su accionariado, las personas que los realizaron y su cualificación profesional, además del destino final del dinero'. Uno de estos estudios fue literalmente copiado de otro escrito en castellano por el Ministerio de Comercio, según publicó este periódico en 1998.