Baleares da una paga a los pensionistas contra la opinión del Gobierno

El Consejo de Gobierno balear aprobará hoy una partida de 274,3 millones de pesetas para repartir en enero próximo una paga única de entre 23.245 y 29.142 pesetas a los 9.829 ciudadanos del archipiélago que perciben pensiones asistenciales y no contributivas con el fin de "acercar su retribución mensual al salario mínimo interprofesional: unas 70.000 pesetas", anunció ayer la consejera de Bienestar Social, Fernanda Caro.

"Por segundo año consecutivo y cumpliendo uno de los principales objetivos del Pacto de Progreso", remarcó Caro, serán beneficarios de esta ayuda "los titulares de pensiones de jubilación y minusválidos en su modalidad no contributiva (PNC), los de pensiones del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS) y aquellos que se beneficien del subsidio de garantía de ingresos mínimos (LISMI)". El año pasado tuvieron acceso a esta ayuda 10.143 personas de Baleares. Su aprobación fue objeto de un recurso presentado por el Ministerio de Trabajo ante el Tribunal Constitucional, similar al que interpuso contra una medida semejante del Gobierno de la comunidad de Andalucía.

Fuentes de Trabajo manifestaron ayer que se estudiará la nueva decisión del Ejecutivo balear para ver si procede presentar recurso. Sus argumentos son que "supone una ruptura de la caja única" y "establece desigualdades territoriales", y asimismo aduce que "las pensiones no contributivas son competencia del Estado".

La consejera de Bienestar Social de Baleares afirmó ayer que esta ayuda económica no es anticonstitucional, ya que "dentro del modelo de Estado social y democrático de derecho, que configura la Constitución, las autonomías tienen competencia sobre la asistencia social externa al sistema de la Seguridad Social, y no integrada en éste, como ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en las sentencias 76/1986, 146/1986 y 13/1992".