El Gobierno italiano fuerza a la banca a renegociar los préstamos superiores al 12%

Consumidores insatisfechos

El gobierno del primer italiano Giuliano Amato aprobó ayer un decreto ley que obliga a los bancos a renegociar los créditos hipotecarios fijos que fueron concedidos con un tipo de interés superior al 12%. La medida reducirá notablemente las millonarias cantidades (alrededor de 4,5 billones de pesetas) que deben pagar los bancos italianos por haber cobrado durante años intereses abusivos a sus clientes en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. La medida ha generado ya una tormenta política y financiera. Los bancos italianos deberían devolver 4,5 billones si reembolsaran íntegramente los intereses excesivos sobre las cuentas corrientes y los créditos declarados ilegales. El decreto ley, que debe pasar al Parlamento dentro de 60 días, significará para las entidades de crédito una perdida de unos 7.500 millones de euros (1,24 billones de pesetas). La Asociación de Consumidores Financieros y Bancarios (ADUSBEF) estima en más de 100.000 el número de ciudadanos que ya han presentado recursos para solicitar la devolución de los intereses.

Los dos ministros verdes y los dos del Partido de los Comunistas Italianos se abstuvieron en la votación del decreto ley, que debe ser convalidado ahora por el Parlamento. Y la Asociación Bancaria Italiana (ABI) protestó porque "los pactos tienen que ser respetados" y los ciudadanos "tienen la obligación de pagar los préstamos hipotecarios concordados con los bancos". La ABI considera ilegítima la retroactividad del decreto.

Por su parte, las asociaciones de consumidores están insatisfechas y se encuentran en pie de guerra para lograr la restitución retroactiva de los fondos pagados por los usuarios a los institutos bancarios. Por su parte, el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, ha solicitado que las medidas "antiusura" no se apliquen con carácter retroactivo, ya que ello "invalidaría el funcionamiento normal de los mercados financieros" y colocaría a algunas sociedades bancarias en "una situación insostenible".Como solución, insistió en su propuesta de reducir la cifra a pagar a unos 900.000 millones de pesetas, en el caso de que la devolución se limite a los intereses que sobrepasaron el límite legal, situado en el 9,75%, durante los últimos tres años. A esta cifra se añadirían algo más de 450.000 millones que los bancos dejarán de ingresar en intereses de préstamos en vigor.