El TSJ ordena investigar un posible delito de Barberá contra el patrimonio

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ aprecia la posible existencia de un delito contra el patrimonio histórico en el derribo en el año 1999 de un edificio en la calle del Mar de Valencia con más de dos siglos de antigüedad y afectado por una declaración de Bien de Interés Cultural. El edificio correspondiente a los números 5 y 7 de dicha calle del centro histórico fue declarado en el año 1997 ruina inminente por el Ayuntamiento de Valencia después de que su estructura se resintiera a consecuencia de las obras de rehabilitación que en el mismo estaba efectuando la empresa Centro Histórico Valencia Vella, SL, propietaria del inmueble. Dicha situación provocó que los arrendatarios de dos bajos comerciales del edificio promovieran diversas actuaciones legales contra la empresa y el Ayuntamiento. Aunque el TSJ no ha estimado buena parte de las reclamaciones de los dos comerciantes, sí ha tomado en consideración el informe pericial que un arquitecto elaboró a petición de éstos. El arquitecto dictaminó en su estudio la existencia de una serie de "graves irregularidades en el inmueble finalmente reconstruido, rehabilitado en 1999" y que afectaban a un edificio protegido por su interés cultural. Es a la vista de este informe que el TSJ ha considerado poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que determine si se cometió o no un delito contra el patrimonio histórico.

Según el artículo 322 del Código Penal, los delitos contra el patrimonio también castigan a aquellos funcionarios públicos que hayan informado favorablemente de un derribo o alteración de un edificio protegido aun a sabiendas de estar cometiendo una ilegalidad. Dicho delito puede ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

La sentencia del TSJ señala también que, aunque no es la Sala de lo Contencioso-Administrativo el ámbito adecuado, los dos demandantes podrán exigir responsabilidades al Ayuntamiento de Valencia por su "evidente inactividad ante el incumplimiento por parte de Centro Histórico Valencia Vella, SL, de su deber de conservación del edificio de su propiedad, permitiendo que la situación del mismo deviniera en peligrosa para la seguridad pública e integridad del inmueble catalogado".