La Fiscalía Anticorrupción presentará siete querellas contra redes de 'cazaprimas' del lino

La Fiscalía Anticorrupción presentará siete querellas contra otros tantos grupos de cultivadores y transformadores de lino que, supuestamente, cometieron fraude en el cobro de subvenciones de fondos europeos al falsear las firmas de producción. Los supuestos defraudadores contra los que actuará la Fiscalía se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las querellas se ceñirán a aquellos casos en los que ha podido comprobar documentalmente el delito. "Se va a comprobar que esta investigación no es un brindis al sol", declararon ayer fuentes de la Fiscalía en respuesta a las críticas del PP.

Nostalgia del franquismo

La investigación iniciada en junio de 1999 por Anticorrupción sobre el fraude en las subvenciones comunitarias al lino -España recibió 10.000 millones ese año- topó con insalvables obstáculos: el lino se acumulaba en las empresas transformadoras sin ninguna identificación sobre su origen, lo que impedía descubrir al agricultor implicado. Y el "deficiente control" llevado a cabo por las comunidades autónomas, responsables últimas del pago y de la inspección, tampoco permitía conocer el volumen real del lino transformado en las industrias. Sólo parámetros como el "rídiculo" consumo de electricidad, gasóleo o la "escasa" plantilla para las ingentes cantidades de lino que declaraban haber tratado, permitió centrar las sospechas sobre las redes de fraude establecidas en torno a estas industrias. La fiscalía puso su lupa en las industrias de transformación, con domicilio social en ocasiones en despachos madrileños, que contaban con los cerebros capaces de urdir estas tramas y burlar las normativas comunitarias, algo que no estaba al alcance de los agricultores que reclutaron. "Estamos de acuerdo con el PP: los agricultores son inocentes. Ellos se han limitado a cultivar un producto subvencionado. Son otros, empresarios sin vinculación con el sector agrícola, quienes desde despachos han urdido estas tramas de enriquecimiento rápido", apuntan fuentes de la fiscalía.La querella orillará aspectos como la información privilegiada. "Nos parece moralmente reprochable que personas relacionadas con cargos administrativos de este sector hayan cultivado lino y cobrado subvenciones, pero penalmente no es perseguible", explican desde la fiscalía.

La industria Colino, propiedad del ex director de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, fue utilizada para transformar lino y ha sido investigada por la Fiscalía encontrando numerosas irregularidades. Entre los clientes de Colino figuraron dos cargos del PP: Carlos Moro, ex delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; y Nicolás López de Coca, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria cuando estalló el escándalo.

La investigación de la Fiscalía se ha fijado en las inspecciones de las comunidades autónomas sobre el volúmen de lino cultivado por los agricultores. En algunos casos, esas cantidades no coinciden con las supuestamente entregadas a las industrias transformadoras. Agricultor e industrial, según la Fiscalía, mintieron en sus documentos. "Las querellas irán ceñidas a datos muy concretos y objetivados", señala.

En consecuencia, cada querella apuntará al corazón las supuestas redes de fraude (compuesta por una industria transformadora y los productores que llevaban allí su lino cuya complicidad quede demostrada). Las siete querellas afectarán a decenas de personas que hicieron negocio con el lino, un cultivo que se multiplicó por 500 en sólo seis años (de 186 hectáreas en 1993 a más de 90.000 en 1999; y de 23 millones de subvención hace siete años a más de 10.000 millones el pasado ejercicio).

Fuentes de la Fiscalía, apuntan que el informe de la Oficina Europea Antifraude sobre esta materia "será muy contundente". "Nos ha tranquilizado mucho que digan que sus conclusiones son idénticas a las nuestras. Este es un fraude evidente. Y no nos divierte haber realizado una auditoría que no es labor nuestra. Aquí tienen culpa todos: la UE; que creó una normativa muy vaga que propiciaba el fraude; la coordinación ministerial sobre la aplicación regional, que fue muy deficiente; y la labor de inspección de las comunidades, que también fue penosa", explican fuentes de la fiscalía.

El jefe de la fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, replicó ayer al diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, que tachó de "arbitraria" esta investigación. Jiménez Villarejo defendió el rigor de las pesquisas y acusó a este parlamentario de sentir "nostalgia" de la fiscalía de la etapa franquista, y de defender más su "interés personal" como diputado que a los ciudadanos. Del Burgo replicó que "el que se comporta como un fiscal franquista es quien no acepta la crítica" y calificó su actuación de "chapucera" y de "gravemente perjudicial para España".