El Gobierno complementará la subida salarial de sus funcionarios hasta alcanzar el IPC de este año

La subida salarial de los funcionarios vascos será en 2001 igual al incremento del coste de la vida de este año, según contempla el preacuerdo alcanzado el lunes entre el Gobierno y los sindicatos. El índice de precios al consumo (IPC) ha subido hasta noviembre el 4,1%, más del doble del objetivo fijado por el Gobierno central para todo el ejercicio. La mejora pactada en Euskadi se distribuye en un 2% de incremento general y, para sortear la prohibicién legal, el resto lo completará el Ejecutivo mediante incentivos para mejorar la productividad y la calidad del servicio público.

El Gobierno ampliará créditos o fondos adicionales para hacer frente a este gasto. Los funcionarios cobrarán la subida en su nómina de enero, que tomará como referencia el IPC marcado al final de año. Después de varias semanas de negociaciones intensas, la Mesa General de la Función Pública (compuesta por representantes de todos departamentos del Gobierno y de los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT) logró el lunes firmar el preacuerdo. Este es el foro donde se negocian las condiciones de trabajo del conjunto de los 55.000 empleados públicos vascos, que se reparten entre los 22.000 de Osakidetza, los 20.000 de Educación, los 7.500 de la Ertzaintza y el resto de la Administración general y de Justicia. La vicelehendakari y responsable del área de Función Pública, Idoia Zenarruzabeitia, recalcó el hecho de que el incremento general de las retribuciones de manera personal e individualizada de los empleados públicos será el 2%, que es lo que figura en las recomendaciones del Banco Central Europeo y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001. Así, el Gobierno vasco cumple con la legalidad, pero encuentra un resquicio para garantizar que sus trabajadores no sufrirán una pérdida de poder adquisitivo al introducir algunas contrapartidas. Precisamente, los empleados públicos del Estado protagonizaron la pasada semana una huelga ante el temor a que en el 2001 se pueda repetir la pérdida de dinero de este año con el alza salarial prevista de tan sólo un 2%.

Zenarruzabeitia explicó que la buena evolución de la economía y la necesidad de aplicar nuevas medidas para que los funcionarios logren alcanzar en 2001 los objetivos previstos en cuanto a modernización de la Administración habían animado la introducción de los complementos. Rechazó que la medida vaya a ser recurrida por el Gobierno central, cuya postura, dijo, es un condicionante, pero no un impedimento insalvable.

Satisfacción sindical

Todos los sindicatos aplaudieron el pacto logrado, que llega en un momento muy delicado para el Gobierno, dada su falta de estabilidad y su incapacidad para sacar adelante una ley de presupuestos en el Parlamento para el próximo año. El responsable del área pública de Comisiones Obreras, Jon Azkue, subrayó que el preacuerdo nace por el respeto a la negociación colectiva y no a la imposición. La debilidad parlamentaria del Gobierno PNV-EA no ha influido en la firma del pacto, según Azkue. "La perseverancia y la unión sindical es lo que han dado sus frutos", zanjó.Esta es la primera ocasión en lo que va de año en que los cuatro grandes sindicatos (divididos habitualmente en los bloques nacionalista y no nacionalista) se alían en un interés común. Zenarruzabeitia no dejó que esta circunstancia pasara inadvertida. "Un acuerdo de estas características en los días que corren es una noticia importante para el Gobierno, pero también para el conjunto del país", señaló.

El representante de UGT en la mesa de negociación, Luis Santiso, incidió en que al comienzo de la negociación el Gobierno vasco no estaba por la labor de ceder, pero "la presión sindical" ha sido decisiva. Por su parte, tanto ELA como LAB valoraron que el acuerdo, "aceptable" y "socialmente necesario", refuerza al sindicalismo vasco.

Además de las condiciones salariales, el pacto recoge otras garantías en materia de empleo. Entre ellas, destacan los compromisos de que el próximo año se realicen las ofertas de empleo público suscritas en junio con los sindicatos, disipando así su temor sindical de que la prórroga presupuestaria las impidiera, la extensión de la semana laboral de 35 horas y del contrato de relevo.

La vicelehendakari también resaltó el impulso a los planes de normalización lingüística en el conjunto de la Administración. "Es un elemento relevante porque cada vez se está intentando más poner en riesgo los consensos básicos en materia de normalización del uso del euskera", señaló.