El lino, en vía judicial

La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado a la Comisión Europea su decisión de entablar acciones penales por el escándalo de las ayudas europeas al cultivo del lino. Y lo hace por estimar que ha existido "un fraude generalizado en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil".A diferencia de la investigación política, cerrada en falso por la comisión parlamentaria creada al efecto, la judicial nunca se archivó a la espera de que pudiera concretarse su posible dimensión delictiva. La iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción parece demostrar que hay indicios suficientemente documentados para iniciar la correspondiente acción penal, posiblemente ante la Audiencia Nacional. Tras el descubrimiento del escándalo, hace más de año y medio, la Fiscalía Anticorrupción recibió el encargo de la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea de investigar si se habían cometido delitos y, en caso afirmativo, interponer las acciones penales oportunas.

Las responsablidades políticas son de naturaleza distinta de las penales, aunque unas y otras no sean excluyentes. En el caso del lino, las responsabilidades políticas fueron lisa y llanamente ignoradas, a pesar de la evidencia de que altos funcionarios de Agricultura figuraban entre los receptores de ayudas públicas al lino para sus negocios propios o de sus familias. La investigación política, forzada por la oposición y aceptada a regañadientes por el Gobierno, terminó exculpando, con los votos del Partido Popular y CiU, a la entonces titular de Agricultura y hoy comisaria europea, Loyola de Palacio, tras negar que existiera una trama organizada de altos cargos de este departamento para obtener subvenciones europeas al cultivo del lino.

Pero lo que no pudo negar esa comisión es que esas subvenciones se percibieran en bastantes casos de forma irregular, ni que existieran redes de cazaprimas operando para captar subvenciones comunitarias a cambio de producciones fantasma mediante certificaciones falsas de fábricas transformadoras, ni que se quemaran depósitos de lino para justificar la ausencia del producto final falsamente certificado. El Gobierno de Aznar y algunas fuerzas parlamentarias han podido hacer la vista gorda ante estos hechos por conveniencia política. Pero no la justicia, obligada a investigarlos hasta el final; ni la Comisión Europea, interesada en que sus fondos lleguen a los agricultores y no queden atrapados en burocracias ministeriales ni en redes de cazaprimas.