El PNV pacta el apoyo del PSE-EE en Vizcaya para aprobar las medidas fiscales liberalizadoras

El PNV ha logrado con la ayuda del PSE-EE librarse de la "tiranía" del PP para pactar un acuerdo que apruebe la norma foral que adapta las medidas liberalizadoras de junio del Gobierno central. La semana pasada el PP, pese al acuerdo logrado en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) con el apoyo de las tres diputaciones y el Gobierno, rechazó una norma foral que ya estaba en vigor en los otros dos territorios históricos. El pacto con los socialistas tiene un peor tratamiento a las plusvalías y un mejor trato a las EPSV o fondos de pensiones.

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El diputado de Hacienda, Javier Uriznabarrena, anunció ayer el acuerdo sobre la norma foral de Medidas fiscales de fomento de ahorro y de la inversión y otras medidas que fue presentada por la Diputación Foral el pasado miércoles y rechazada por el pleno de las Juntas Generales al retirar su apoyo el PP. El diputado de Hacienda destacó el "talante negociador" del PSE-EE y añadió que este acuerdo subsana "la compleja situación creada tras ese rechazo que se proyectaba básicamente en un grave prejuicio para contribuyentes y ayuntamientos vizcaínos". La norma acordada se va a tramitar a través de un mecanismo de urgencia y de carácter extraordinario que permitirá su aprobación antes del 31 de diciembre para que sea aplicado en el siguiente curso.

Vizcaya será el único lugar de España en el que las plusvalías por la venta de acciones o fondos de inversión, tributarán al 20% en vez de al 18%, según el acuerdo alcanzado. El acuerdo alcanzado con los socialista ha supuesto la modificación del texto presentado por el Gobierno a las Juntas la semana pasada en seis de sus puntos: la ampliación de las aportaciones a planes de pensiones, EPSV y mutualidades para mayores de 52 años y personas con minusvalías, el mantenimiento del tipo de gravamen y del plazo para tributación de las plusvalías de acciones y fondos y la elevación de la exención por vivienda habitual hasta los 30 millones de pesetas. La rebaja del tipo de gravamen para las plusvalías por venta de acciones y del plazo de dos a un año para la integración en la base imponible especial, eran dos cuestiones que contaban con la oposición socialista por estimar que restaba progresividad.

El resto de la norma foral, que contempla modificaciones del Impuesto de Sociedades, sobre el Patrimonio y medidas presupuestarias como la actualización de tributos locales y tasas y precios públicos de los ayuntamientos, quedan igual que como las presentó el Gobierno foral el miércoles pasado.

La propuesta rechazada a la Diputación vizcaína, que fue consensuada previamente entre las instituciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa en el Organo de Coordinación Tributaria (OCT) del País Vasco, pretendía adaptar al territorio histórico el paquete de medias fiscales aprobado por el Gobierno central el pasado mes de junio.

El diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena, y el portavoz del grupo juntero del PNV, Ina Etxebarria, agradecieron a los socialistas su "responsabilidad" para alcanzar un acuerdo que permitirá dar "seguridad jurídica" a las aportaciones realizadas a planes de pensiones y de jubilación en base a los nuevos límites que se preveía iban a entrar en vigor con la reforma anunciada. Ambos criticaron el voto negativo del PP a la propuesta en el pleno del pasado miércoles, y aseguraron que el PNV no apoyará ninguna iniciativa de los populares sobre esta materia.

Por otro lado, los votos de los junteros del grupo nacionalista impidieron ayer que se aprobara en la Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Vizcaya una iniciativa del PP referente a la rebaja de tributación por la compra de vivienda de segunda mano que el propio PNV impulsó en Álava y que respaldaron en ese territorio tanto los socialistas como populares. Sin embargo, la Comisión sí aprobó dos proposiciones más presentadas por los populares. Una, cuyo objetivo es complementar un párrafo del IRPF para que las opciones sobre acciones tributen por la tarifa general. La otra propuesta del PP propone declarar exentas de gravamen del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución o cancelación de derechos reales de hipoteca constituidos en garantía del pago de un préstamo destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.