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Condenado un empresario a cinco años de cárcel por vertidos contaminantes a L'Albufera

El empresario Miguel Cases Martínez fue condenado ayer por la sección primera de la Audiencia de Valencia a cinco años de cárcel por vertidos contaminantes a L'Albufera. La sentencia afirma que entre 1996 y 1998 la empresa Gracomsa, en Catarroja, de la que el procesado es gerente y administrador único, realizó al menos tres vertidos con restos de aceites comestibles. Pese a la gravedad de la acusación, ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Medio Ambiente se personaron en la causa. El empresario ya fue condenado por otro delito de contaminación medioambiental en 1993.

Seguir el rastro

En aquella ocasión la pena que afrontó el empresario fue de seis meses y un día. Cases es el primer empresario valenciano que irá a la cárcel por un delito contra el medio ambiente, si se hace firme la sentencia emitida ayer. El empresario no podrá eludir ahora la prisión a no ser que recurra la sentencia ante el Tribunal Supremo y éste la modifique. El proceso se inició en 1999 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Catarroja tomó cartas en el asunto. En aquellas fechas, diferentes grupos ecologistas advirtieron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la existencia de manchas de grasa en las aguas del parque natural de L'Albufera.

Ante la denuncia, el Seprona inició las investigaciones, las puso en conocimiento de la Fiscalía y ésta decidió actuar. Los ecologistas explicaron ayer que no se personaron como parte en el proceso por una cuestión de "incapacidad de articular una acusación particular en el corto plazo de tiempo en que se resolvió todo". Tampoco se personaron en el caso ni el Ayuntamiento ni la consejería, que ayer se limitó a explicar que tenía abierto un expediente administrativo a Gracomsa por vertidos, que quedó en suspenso hasta que se cerrase la vía judicial.

El juicio se celebró el 5 de diciembre y ayer se emitía la sentencia por la que Cases es condenado a cinco años, inhabilitación especial para la profesión de gerente durante cuatro años y multa de 32 meses a razón de una cuota diaria de 3.000 pesetas (2,8 millones de pesetas).

En la sentencia constan como probados al menos tres vertidos contaminantes de Gracomsa. El primero se produjo el 17 de septiembre de 1996 a través de las acequias Bras Nou y Favara. Las aguas de L'Albufera, a la altura del puerto de Catarroja -en cuyo polígono industrial se ubica la refinera de aceites-, presentaban una capa de 20 metros de ancho y un grosor que oscilaba entre los tres y los 15 centímetros. El segundo vertido probado tuvo lugar en los primeros días de abril de 1997. Las aguas volvían a presentar restos de aceite por el mismo itinerario.

En noviembre de 1998, el vertido de grasa alcanzó también a un campo de plantación de cebollas, ya que el propietario regó con agua de la acequia Favara sin saber que por ella discurrían restos contaminantes procedentes de la actividad de Gracomsa.

Acció Ecologista-Agró explicó ayer que estas acequias sufrían numerosos incendios debido a la composición de la contaminación. Además, las consecuencias de los vertidos, según la sentencia, son la alteración en el ecosistema acuático, degradación de la vegetación sumergida y de los organismos sensibles.

Doce testigos aseguraron en la vista oral que con seguir el curso de las aguas se llegaba al origen del vertido: Gracomsa. Desde la propia empresa era visible la evacuación de grasas contaminantes al agua y el curso de la misma. Pero además, la Audiencia ha considerado también, según consta en la sentencia, que el hecho de que se hayan probado al menos tres vertidos supone reincidencia.Si el Supremo confirma la sentencia, Cases, cuya defensa ha pedido en todo momento la absolución de los cargos que se le imputaban, se convertirá en el primer empresario valenciano que ingresa en prisión por un delito ecológico.

La Federación de Ecologistas en Acción del País Valencià consideró ayer que esa sentencia supone un "mensaje claro para todas las actividades industriales que realizan vertidos contaminantes", dijo el abogado de los ecologistas, José Luis Ramos. Ramos señaló que "el respeto a la ley en materia de vertidos debe cumplirse por quien no quiera verse en la misma situación que se encuentra el empresario que ha sido condenado por la Audiencia deValencia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de diciembre de 2000

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