España produce 3 de los 12 contaminantes orgánicos prohibidos por las Naciones Unidas

En España se producen o utilizan 3 de los 12 contaminantes orgánicos persistentes cuya prohibición fue decidida en la reunión de 122 países organizada a principios de diciembre por Naciones Unidas en Johanesburgo (Suráfrica). Estas sustancias son los PCB, dioxinas y furanos. La eliminación de los PCB (policlorobifenilos) ya está prevista por el Gobierno, pero suprimir "al 100% las dioxinas y furanos que se producen en la combustión de residuos es técnicamente imposible", según Germán Glaría, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

El resto de las sustancias prohibidas (pesticidas como el DDT y otros organoclorados), "ya no se usan en España salvo algún caso mínimo y en condiciones muy controladas", afirmó Glaría. Los PCB están sujetos a una "legislación durísima" por parte de la Unión Europea, pero los otros dos contaminantes orgánicos persistentes (POP, en sus siglas en inglés) son más problemáticos. Dioxinas y furanos son subproductos que se crean en combustiones, desde "vertederos hasta la quema de rastrojos", y no pueden eliminarse "radicalmente".Para ellos sólo se pueden aplicar las "mejores técnicas disponibles, tendiendo a que su producción sea cero, pero hay que saber que eso es una utopía", según el responsable ministerial. Además "hay que tener en cuenta que hay muchas basuras que sólo se pueden incinerar, como los residuos hospitalarios, y que en España sólo hay un vertedero preparado para ello donde los niveles de emisión son los mínimos posibles", comenta Glaría.

"Ello quiere decir que los residuos tienen que enviarse fuera, a vertederos franceses, y pagar por su incineración". Para él, el principal problema son los vertederos incontrolados -"más de 5.000"-, y otros "poco controlados" cuyo riesgo habrá que minimizar.

Glaría no ve "ningún problema" para que España cumpla con la eliminación en los plazos fijados, con la salvedad de su comentario sobre dioxinas y furanos. La situación española se ajusta de momento a los acordado en la reunión de Johanesburgo. La resolución fija la eliminación inmediata de ocho de los contaminantes, que no se usan en España.

El DDT, un insecticida que se ha utilizado abundantemente durante los últimos 70 años, se prohibirá en la mayor parte del planeta, con la excepción de los países que lo utilizan para combatir el mosquito anófeles que transmite la malaria. Para los PCB, el plazo se amplía hasta 2025, para dar tiempo a que se sustituyan los equipos eléctricos que lo emplean como aislante. También deberán reducirse al máximo las dioxinas y los furanos, residuos sin ninguna utilidad.

Para dioxinas y furanos, la ONU establece que se establecerá un sistema de control. El problema que tienen es que estos subproductos no se producen de manera voluntaria, sino de forma accidental. La prohibición de la fabricación y empleo de estos contaminantes orgánicos persistentes no significa la inmediata desaparición del peligro que suponen, porque una de las características de estos contaminantes es su resistencia a ser eliminados por procesos naturales.

Son extremadamente dañinos para los seres vivos, y se transmiten a través del aire y la cadena alimenticia, acumulándose en los tejidos y la grasa. Además, como señala el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (www.unep.org), habrá que encontrar un mecanismo para ayudar a los países menos desarrollados a cumplir con sus obligaciones. "Habrá que proveer de un nuevo y adicional sistema de financiación y asistencia técnica", indica el ese organismo.

Lo que la reunión no consiguió fue dejar zanjado el llamado "principio de precaución": los representantes de la Unión Europea querían que el tratado incluyera una cláusula que especificara que se tomarían medidas contra cualquier sustancia que pudiera causar algún daño a la salud humana, aunque las evidencias científicas no fueran concluyentes al respecto. EE UU se negó, y argumentó que el texto del acuerdo es lo suficientemente claro y flexible. Según declararon los representantes de la organización ecologista Fondo para la Vida Salvaje WWF Adena (www.panda.org), partidarios de la medida, su discusión elevó la tensión en las horas finales de la reunión.

La UE fue "absolutamente radical" en este asunto, comentó Glaría, y su postura "fue, en el fondo, la triunfante, porque el principio de precaución se recogió en el preámbulo y las conclusiones del documento", concluye.

El acuerdo, conseguido tras cuatro reuniones preparatorias, deberá ser ratificado en mayo en Estocolmo. No entrará en vigor hasta que no sea aprobado por al menos 50 países, algo que Naciones Unidas calcula que tardará por lo menos cuatro años. Queda abierta la puerta a la inclusión de otras sustancias en la lista.