En el 'corredor de la muerte' de Arafat

FERRAN SALES Veintinueve palestinos esperan ser ejecutados en las cárceles de Yasir Arafat. El último en llegar a la celda de la muerte ha sido Allan Beni Ouda, sentenciado a la pena capital por colaborar con los servicios secretos israelíes en su guerra sucia contra los líderes de la Intifada. El fallo podría ser aplicado en los próximos días, a no ser que la comunidad internacional obligue a reflexionar al líder palestino. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han abierto un paréntesis en su respaldo de la revuelta para tratar de salvar al reo.

Odio popular

"Mi único abogado es Alá", clamó Allan Beni Ouda, de 24 años, casado, padre de dos hijos, vecino del pueblecito de Tammoum (al norte de Cisjordania), trabajador y estudiante, nunca antes acusado o condenado, cuando compareció el pasado 10 de diciembre ante el Tribunal de Seguridad del Estado de Nablús para ser juzgado por los delitos de traición y complicidad en un asesinato perpetrado por las fuerzas de seguridad israelíes. El acta de acusación asegura que cooperó con los Servicios Generales de Seguridad (Shin Beth) en la muerte de su primo Ibrahim Beni Audi, el jefe militar del brazo armado de Hamás, el pasado 23 de noviembre, cuando el coche que conducía saltó por los aires por una bomba accionada a distancia.La peripecia de este colaborador improvisado se inició nueve meses atrás, después de que fuera detenido en un control de los servicios secretos en la localidad israelí de Taibe, donde los agentes le convencieron para que trabajara para ellos. Tuvo que aceptar la oferta para no pasar por la deshonra de que su esposa y sus hijos vieran unas cintas de vídeo de un reciente encuentro con una joven israelí que una cámara escondida había estado grabando.

"Tres días después fui contactado de nuevo por los agentes. Desde entonces, nos vimos en otras 14 ocasiones, siempre en el asentamiento judío de Mehola, cerca de Nablús", aseguró ante el tribunal el muchacho. Reconoció también haber recibido su primera misión cuando el pasado mes de octubre estalló la Intifada. La orden era tajante: facilitar información sobre su primo, un dirigente del brazo militar de Hamás, encarcelado, que se temía que fuera liberado.

El resto de la historia es fácil de suponer. Ibrahim Beni Audi fue excarcelado. Su primo, el colaborador, le dejó su propio coche para viajar de la cárcel a casa. El vehículo, que previamente había sido manipulado, explotó en el camino. Israel acababa de deshacerse de uno de sus peores enemigos: un experto en la fabricación de explosivos y armas químicas, formado en los campos de refugiados de Jordania, que había llegado a Cisjordania cuatro años atrás para hacerse cargo del ejército clandestino de Hamás. El atentado hizo estremecer las filas del movimiento fundamentalista y obligó al Shin Beth a extremar las medidas de protección del colaborador, quien fue confinado en un discreto hotelucho de Haifa. Pero él abandonó el refugio pocos días después, cuando se enteró de que la policía palestina había tomado como rehenes a cinco miembros de sus familia.

"Me detuvieron cuando volvía a casa", concluyó Allan Beni Ouda ante el tribunal, mientras escuchaba desde la calle el eco de cientos de personas que pedían su lapidación en el mismo sitio donde había fallecido su pariente. El odio popular lo ha condenado a muerte. El Alto Tribunal firmó la sentencia. La abogada defensora, una funcionaria del Ministerio del Interior palestino nombrada a dedo y que llevaba cuatro años sin ejercer, dispuso de un cuarto de hora para conocer el caso y preparar su defensa. El veredicto, sin posibilidad de apelación, fue dictado en menos de dos horas. Los tribunales palestinos han dictado desde 1995, fecha de la instauración del Gobierno autónomo de Arafat, 32 penas de muerte, tres de las cuales han sido aplicadas. El resto de los convictos espera el cumplimiento de sus sentencias. La legislación palestina no contempla ni la apelación ni el recurso. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que en la mayoría de los casos se trata de veredictos dictados sin garantías jurídicas y por tribunales especiales instaurados por Arafat bajo la presión para combatir el "terrorismo"."El último proceso no ha respetado ninguna de las normas de un juicio", afirma la organización de defensa de los derechos humanos Law, que critica los métodos dictatoriales y déspotas del presidente palestino. Esto ha provocado el enojo de la autoridad autónoma, que se siente atacada en un momento en que trata de conseguir adhesiones humanitarias y políticas para proseguir con la Intifada.

[Arafat pidió ayer al presidente Bill Clinton que exija a Israel que "cesen las agresiones" contra los palestinos, en una conversación telefónica que ambos mantuvieron, informa Efe].