Los conciertos distorsionan el modelo educativo

Muchas son las voces que, a partir de la defensa de la escuela pública como elemento integrador y creador de ciudadanía, consideran que el sistema mixto consagrado por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, por el que el Estado financia al sector privado por medio de los llamados conciertos educativos, está distorsionando el modelo en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades.Creado en cierto modo para consolidar la financiación de los colegios y escuelas de la Iglesia -por más que esto no figure en el preámbulo de la ley-, el sistema nace viciado por cuanto prevé el pago por la Administración educativa de las nóminas del profesorado y de una ajustada cantidad en concepto de gastos generales a los centros privados a los que se les concede el concierto. No tiene en cuenta, sin embargo, ningún otro tipo de gasto, ni siquiera los que se derivan de la amortización de los inmuebles, probablemente porque el legislador tenía en mente que la gran mayoría de los centros educativos de las órdenes religiosas no ocupan locales en régimen de alquiler, sino edificios de propiedad que hace ya mucho tiempo que están amortizados.

Con la excepción de Madrid capital, donde existe una proporción muy alta de escuela privada sin concertar, en el resto de España la relación entre el sector público y el concertado se sitúa en un 80%-20%, y esta última cifra corresponde de forma mayoritaria a los centros religiosos. En Cataluña la situación es radicalmente distinta por razones básicamente políticas que tienen que ver, por un lado, con la actuación deliberada del régimen franquista, que apenas invirtió en la creación de nuevos centros escolares, y por otro, con la resistencia de la burguesía local a perder su identidad, por lo que creó numerosas escuelas privadas que suplieran la falta de oferta pública. Lo cierto es que en Cataluña la relación actual entre escuela pública y escuela concertada se sitúa en un 54%-46% en la enseñanza secundaria, y tiende cada vez más a equipararse, especialmente en los grandes centros urbanos.

Para nadie es un secreto que, por las razones antes mencionadas, los centros concertados cobran por un servicio que por ley deberían prestar de forma gratuita, como es la educación. La financiación que reciben del erario público así lo exige. La tolerancia inicial de las administraciones ante esa práctica de cobrar por servicios extras, como las horas de permanencia y otros del mismo estilo, abrió la puerta a una práctica cada vez más sofisticada y cada vez menos acorde con el sentido original de la ley.

Lo que eran facturas del propio centro por cantidades asequibles a un bolsillo medio pasó primero a desdoblarse en distintos conceptos y finalmente a convertirse en supuestas contribuciones voluntarias de 30.000 y 40.000 pesetas destinadas a fundaciones surgidas del propio centro.

El proceso ha adquirido matices curiosos. Las escuelas privadas de élite que aún no han conseguido ser concertadas por la Administración empiezan a considerar que también tienen derecho a esa "subvención", ya que lo contrario les sitúa en desventaja con respecto a la competencia. El modelo, consiguientemente, parece haberse pervertido del todo. Ningún padre de alumno, por supuesto, se atreve a denunciar que paga 60.000 pesetas al mes por un servicio que, en términos legales, debería ser gratuito. A cambio, esa familia sabe que su hijo no se mezclará con inmigrantes pobres o niños problemáticos de familias desestructuradas y barrios marginales.