Varias sentencias condenan a la Administración por negligencias
Mala señalización
Los ciudadanos consiguen a veces poner en jaque a la Administración y probar ante los tribunales aquellas negligencias en que ésta incurre. Así lo demuestran algunas de las sentencias dictadas esta semana por el TSJ de la Comunidad Valenciana.La Diputación Provincial de Valencia deberá indemnizar con doce millones de pesetas a una paciente del Hospital Psiquiátrico de Bétera que en la madrugada del 4 de enero de 1994 se precipitó desde la ventana de los lavabos del segundo piso de dicho centro cuando intentaba descolgarse con una sábana. La paciente sufría un trastorno mental agudo de tipo psicótico y estaba ingresada en el centro por orden judicial. El TSJ imputa las lesiones de la paciente al mal funcionamiento del servicio público del hospital al que hace responsable tanto de la medicación de la accidentada como de su vigilancia. La mujer sufrió como consecuencia del accidente secuelas en la columna vertebral.
Otro paciente deberá ser indemnizado por la Consejería de Sanidad con algo más de un millón de pesetas por perder el 30% de visión en el ojo derecho a causa de un diagnóstico médico erróneo. Juan Eugenio P. fue reconocido en marzo de 1993 en el Hospital Clínico de Valencia e incluso llegó a ser dado de alta seis meses después de su visita. El enfermo empeoró y tuvo que recurrir a la asistencia privada que detectó el verdadero problema.
El Ayuntamiento de Valencia también deberá pagar 1.105.079 pesetas a un conductor que en diciembre de 1995 resultó accidentado cuando circulaba a 50 kilometros por hora por la carretera de Valencia a El Palmar en dirección a esta pedanía de la capital. La mala señalización de la carretera motivó, según estima el tribunal, que el conductor, Juan Alfonso F. C., chocara contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario.Otro Consistorio que deberá pagar a una ciudadana el de la población de Almoines, en la comarca de La Safor. La vecina de 23 años de edad Ana P. será indemnizada con ocho millones de pesetas por el Ayuntamiento. Ana P. perdió la visión de un ojo, que le ha quedado de color grisáceo, y le han quedado diversas marcas en la cara a consecuencia del impacto de un cohete lanzado por los vecinos durante las fiestas de la localidad. Los hechos ocurrrieron a las cuatro de la madrugada del día 2 de noviembre de 1995, cuando Ana P. fue alcanzada por un cohete mientras estaba a la puerta de un bar. El TSJ de la Comunidad Valenciana considera que es responsabilidad de todos los municipios mantener la seguridad en los lugares públicos. En el caso del accidente ocurrido en Almoines da la razón a la joven accidentada en su pretensión de recibir una reparación económica por lo ocurrido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Centros salud
- TSJCV
- Consejerías autonómicas
- V Legislatura Comunidad Valenciana
- Clínicas
- Atención primaria
- Valencia
- Parlamentos autonómicos
- Generalitat Valenciana
- Diputación Provincial Valencia
- Hospitales
- Tribunales
- Comunidad Valenciana
- Gobierno autonómico
- Poder judicial
- Ayuntamientos
- Política autonómica
- Parlamento
- Comunidades autónomas
- Asistencia sanitaria
- Administración autonómica
- Política sanitaria
- Proceso judicial
- Sanidad
- Administración local