Precios y salarios

Lejos de marcar una inflexión en la tendencia alcista de los últimos meses, los precios han registrado en noviembre otra significativa elevación, que renueva la inquietud sobre su descontrol. El índice de precios al consumo (IPC) se eleva en noviembre al 4,1% anual, desde el 4% anterior, y también la denominada inflación subyacente (excluidos los precios de alimentos frescos y de la energía) repunta hasta el 2,9%, desde el 2,8% previo. El diferencial frente a las economías de los países con los que compartimos intercambios y moneda se mantiene en niveles excesivamente elevados (a pesar del ascenso en algunas de ellas), denunciando las limitaciones estructurales de nuestra economía y condicionando seriamente su competitividad.Hay pocos paliativos para esta valoración negativa. El recurso a la subida de los precios energéticos no es suficiente para explicar el impacto diferencial en la economía española, como tampoco lo es la depreciación del euro. Ambas circunstancias adversas son comunes a todas las economías del área euro y, sin embargo, es la nuestra la que sigue siendo la más inflacionista. Nuestros principales socios comerciales mantienen una inflación subyacente por debajo del 1,5%, que en Francia es del 1,3%.

Lo peor sigue siendo el dontrancredismo del Gobierno. Confiando en ese paquete de medidas del pasado junio, tan prolijo como huero, tan propagandístico como vacío, el Gabinete ha dejado pasar el tiempo esperando ingenuamente que la complicidad del entorno financiero, como lo hizo en la pasada legislatura, corrigiera las tensiones inflacionistas. A la mínima alteración en los vientos favorables, las autoridades dan muestras de no saber o no querer reaccionar.

Las hipótesis más desfavorables ya se han verificado. La obligada revisión de las pensiones supondrá más de 350.000 millones de pesetas y, aunque menos automático, es razonable contar con elevaciones en el capítulo de gastos de personal de los presupuestos. Las reivindicaciones de los empleados públicos -que ayer mostraron su malestar con una huelga- parten, cuando menos, de una base objetiva: la práctica congelación de sus rentas salariales en los últimos años ha supuesto una erosión de su capacidad adquisitiva. La autoridad del Gobierno para enfrentar esas reivindicaciones no es la mejor, y está obligado cuando menos a garantizar compensaciones, más o menos diferidas, que, sin ahondar más en la inflación, tampoco lo hagan con el deterioro de la calidad de la función pública.

Algo parecido ocurre con la evolución de los salarios del resto de los trabajadores. La complicidad de la moderación salarial ha sido uno de los factores que ayudan a explicar el favorable comportamiento de la economía española durante los últimos años; los datos conocidos en los meses más recientes destacan un crecimiento de los salarios significativamente inferior a la tasa de variación de los precios. El proceso de negociación actual sobre reforma del mercado de trabajo no podrá abstraerse de esos desiguales dividendos que la bonanza pasada ha aportado a empresarios y trabajadores.

En el horizonte que se abre el próximo año, la coexistencia de un menor ritmo de crecimiento con una inflación relativamente elevada no es la mejor combinación para la creación de empleo. Razones hay, por tanto, para que el Gobierno traslade la lucha contra la inflación al lugar prioritario que le corresponde. De lo contrario, el milagro español, además de corto, puede concluir en el peor de los desenlaces.