Absueltos por falta de pruebas todos los acusados en el caso del geriátrico de Reus

Los propietarios del geriátrico Catalunya Llar, de Reus, Josep Maria Mengual y Glòria Pané; la trabajadora Amèlia Castellnou, y el médico del centro, Pere Gomis, han sido absueltos. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona considera que no existen pruebas que demuestren que los procesados son responsables de la muerte de ancianos residentes del geriátrico y reconoce irregularidades en la instrucción del caso. La fiscalía llegó a solicitar un total de 222 años de prisión por cuatro delitos de homicidio, detención ilegal, imprudencia temeraria con resultado de muerte y una falta de lesiones.

Instrucción irregular

La acusación no consiguió probar, durante un juicio que se fue desinflando poco a poco, la responsabilidad penal de los procesados respecto a la muerte de al menos cuatro ancianos. La sentencia -de 39 folios- es clara: el tribunal considera que los ancianos no fallecieron como consecuencia de la ingestión de elevadas dosis de sedantes, contrariamente a lo que argumentaba el fiscal. "Ni siquiera se ha probado que los procesados suministrasen dosis o medicación no prescritas por los médicos", se dice en la sentencia, por lo que se les absuelve de los delitos de homicidio. El tribunal se ha inclinado por las conclusiones -"objetivas e imparciales"- del Instituto Nacional de Toxicología, que no halló sobremedicación al analizar la sangre de ancianos fallecidos, y no por el peritaje realizado por el conocido catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla Luis Frontela, que sí encontró dosis tóxicas en los riñones, lo que sirvió de base a la acusación ejercida por el ministerio público. "El afán por defender a toda costa sus conclusiones, incluso a base de incurrir en contradicciones", según la sentencia, ha llevado al tribunal a desestimar la prueba pericial de Frontela, que no estudió las muestras de sangre, según reconoció en la vista oral.

El tribunal también establece que no hubo delito de detención ilegal ni imprudencia temeraria con resultado de muerte en el caso del médico Pere Gomis. Asimismo considera "justificado" que atasen a la cama a algunos residentes que padecían demencia para evitar que se autolesionasen y cree que fue correcto el tratamiento que dio el doctor Gomis a los pacientes.

El geriátrico Catalunya Llar se cerró el 18 de enero de 1995 por orden judicial a raíz de que Carmen Pastor e Isabel Julián, dos trabajadoras del centro, llevasen el caso ante la fiscalía. Las empleadas denunciaron presuntas irregularidades tras la muerte de 18 internos entre abril de 1994 y enero de 1995, y aseguraron que se sobremedicaba a los pacientes y se les sometía a malos tratos, lo que motivó la detención de los propietarios de la residencia y de una trabajadora, quienes pasaron seis meses en prisión.

En la vista oral, las dos mujeres no fueron capaces de reconocer las pastillas que, según habían denunciado, se suministraban en cantidades excesivas a los pacientes y reconocieron la intención de abrir por su cuenta una residencia geriátrica en Reus. Ante estos argumentos, el tribunal pone en duda la veracidad de las declaraciones de las denunciantes. Por otra parte, admite la existencia de irregularidades en la instrucción del caso porque se privó a los propietarios del centro y a la trabajadora de disponer de un letrado de libre elección durante el tiempo en que estuvieron incomunicados. Los letrados de la defensa estudian la posibilidad de abrir un nuevo proceso por los daños causados a los procesados. El abogado Cristóbal Martell indicó ayer que estudia la posibilidad de reclamar "responsabilidades patrimoniales" al forense Luis Frontela por "negligencia al realizar las periciales sin fundamento" que sirvieron de base a la acusación de la fiscalía.