Las reclamaciones por daños en la vía pública se duplican en Alicante

María Bartolomé, de 60 años, no ha logrado que el Ayuntamiento le compense por haberse roto una pierna mientras paseaba por una calle de Alicante. Las obras en esa calle, según el Ayuntamiento, estaban convenientemente señalizadas. Mala pata. Su abogado le dijo que preparara unas 200.000 pesetas para llevar al Ayuntamiento ante el TSJ. Quizá en un par de años, aventuró el letrado, la sala de lo contencioso le diera la razón. O probablemente se la quitara, porque el Ayuntamiento gana el 80% de los recursos ciudadanos en el TSJ. El expediente de María es uno más de los 227 que ha abierto este año el Ayuntamiento de Alicante por daños en la vía pública. 120 de ellos se deben a caídas en las calles, 80 corresponden a reclamaciones por daños en vehículos, y el resto a perjuicios ocasionados en viviendas por obras cercanas.

Según la estadística municipal, sólo el 38% de las personas que reclama daños al Ayuntamiento obtiene compensación económica. Como un jubilado belga de 65 años, que cayó en una zanja mal señalizada. El Ayuntamiento corrió con los gastos médicos y abonó sus desplazamientos en taxi a la rehabilitación. No fue un camino de rosas. La burocracia casi le hizo arrojar la toalla, como ocurre con el 24% de los expedientes, que se archivan por la inactividad burócrata del reclamante. Y es que desde que un ciudadano presenta una reclamación hasta que recibe la compensación municipal no suele pasar menos de medio año de intensos papeleos.

Fuentes de la asesoría jurídica municipal aseguran que las quejas se han disparado este año. "Prácticamente se han duplicado en relación al año anterior". Las personas de edad avanzada son las principales reclamantes. "Tienen más dificultades para moverse en una ciudad con muchas calles levantadas y más tiempo libre para ser constantes e insistir en sus quejas", asegura uno de los letrados municipales.

El Ayuntamiento indica que el 38% de las reclamaciones ciudadanas se resuelve con el archivo tras no poderse acreditar la razón de causalidad entre el accidente y el mal estado de la vía pública. Antes de cerrar los expedientes, los letrados piden informes a los servicios municipales responsables de las obras públicas, abren periodos de pruebas y buscan testigos. Su trabajo, en definitiva, consiste en demostrar que el Ayuntamiento siempre tiene la razón.

Sólo un 5% de los reclamantes que ven desestimadas sus quejas acude a la vía de lo contencioso, según la asesoría jurídica municipal, que ha tenido que reforzarse para hacer frente a la avalancha de reclamaciones que no cesa desde que se iniciaron las obras para paliar los efectos devastadores de las lluvias torrenciales.