Sanidad evitó implicarse en el protocolo de prevención de la legionelosis firmado por Sanus y Medio Ambiente

La Consejería de Sanidad ha mantenido una actitud errática ante los sucesivos brotes de legionella que han azotado la localidad alicantina de Alcoy desde septiembre de 1999 y que se han cobrado cinco víctimas mortales. En julio de 1999, Josep Sanus, entonces alcalde de Alcoy, preparaba un protocolo de medidas de prevención para combatir la legionelosis junto a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Sanus pidió por escrito a los responsables del área de salud, cuyo control corresponde a la Consejería de Sanidad, que hicieran aportaciones para completar el protocolo.La respuesta recogía las recomendaciones del informe de epidemiología elaborado por el Instituto Carlos III sobre el primer brote detectado en Alcoy, entre septiembre de 1999 y febrero de 2000, que Sanus ya conocía, y apenas añadía que la Consejería de Sanidad "carece de competencias" para controlar las torres de refrigeración o cualquier otro posible foco de infección.

El protocolo elaborado por el Ayuntamiento y Medio Ambiente es un calco de las medidas de prevención de la legionelosis que estableció la Asociación Española de Calificación y Normalización (Aenor) en 1994 -lo mismo que el decreto que fue aprobado por el Consell el martes- pero carecía de cualquier valor legal o coercitivo y no permitió elaborar un registro de las instalaciones industriales ubicadas en Alcoy que emiten vapores a la atmósfera.

De hecho, la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Máñez, remitió una carta al Ayuntamiento de Alcoy el pasado 23 de octubre, que sugiere elevar el protocolo al rango de ordenanza municipal para garantizar su eficacia.