Fox traslada al Congreso la polémica ley para pacificar Chiapas

Normalización

El proyecto de ley que contiene los derechos originarios de 10 millones de indígenas mexicanos, el 10% de la población total, fue enviado ayer al Congreso por el presidente, Vicente Fox, en cumplimiento de su primera promesa de gobierno. La discusión del proyecto, resumen de los incumplidos Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por el Gobierno de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llevará varios meses, y son previsibles desacuerdos de fondo entre las partes.La iniciativa de ley, cuya eventual aprobación por las cámaras obligaría a enmiendas constitucionales, fue redactada hace cuatro años por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por representantes de las principales fuerzas parlamentarias. El EZLN, sublevado el 1 de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, interrumpió hace cuatro años el diálogo con el Gobierno saliente exigiendo el cumplimiento de aquellos acuerdos, y del proyecto de ley que los sintetiza. Zedillo lo objetó entendiendo que no traduce fielmente los Acuerdos de San Andrés y que su incorporación en la Carta Magna, tal como fueron redactados, podría conducir a reclamaciones independentistas y a choques civiles por la propiedad de tierras.

El comienzo de la presidencia de Fox, que el pasado día 2 de julio derrotó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y terminó con su hegemonía política de 71 años, ha sido pródigo en iniciativas para pacificar Chiapas, un conflicto que apenas afecta el curso de México pero impide su normalización política. Los 53 retenes militares instalados en las áreas de influencia zapatista fueron retirados y probablemente se aprobará una retirada castrense más amplia. Es previsible también la excarcelación de más de cien activistas del EZLN presos. La Cocopa emitió un comunicado destacando que los pasos dados "renuevan la posibilidad de generar las condiciones que propicien la reanudación del diálogo y la solución definitiva del conflicto".

Paralelamente al envío del complejo proyecto de ley al Congreso, el centroizquierdista Andrés López Obrador, de 47 años, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), asumía funciones como jefe de gobierno de la Ciudad de México, urbe de más de 25 millones de habitantes, y domicilio del segundo cargo político en importancia después de la presidencia de la República.

Obrador prometió duplicar el gasto social, hasta alcanzar los 1.050 millones de dólares (unos 200.000 millones de pesetas) para atajar los principales problemas de la capital federal: desempleo, deficientes servicios públicos, contaminación, crecimientos desordenados, delincuencia y niños de la calle.