Bárbara operación

La privatización de Santa Bárbara, la empresa española de defensa, se está convirtiendo en una comedia de enredo de consecuencias graves para las relaciones entre España y Alemania. Santa Bárbara fue adjudicada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la empresa estadounidense General Dynamics a pesar de que tenía un contrato de cofabricación de 320 carros de combate Leopard con las empresas alemanas Krauss Maffei y Rheinmetall por importe de de 322.000 millones de pesetas. La adjudicación a General Dynamics, decidida en un periodo de gobierno en funciones, se hizo en contra de la opinión del Ministerio de Defensa. La crisis surge cuando Krauss Maffei anuncia que, como es lógico, no puede seguir suministrando la tecnología del Leopard a una empresa que va a caer en manos de su competidora norteamericana, fabricante del carro de combate Abrams. Las presiones alemanas para que el Gobierno español revoque la adjudicación inicial y la proximidad de la Cumbre de Niza, en la que España necesita los votos de Alemania, explican que las autoridades españolas empiecen a considerar, al menos de momento, la posibilidad de que la empresa no se venda y se integre en un grupo de defensa europeo, una solución sugerida desde Berlín y que ya se experimentó con CASA.Es difícil saber si la nueva posición española es un movimiento táctico para ganar tiempo hasta que pase la Cumbre de Niza o bien responde a una reflexión política seria. El caso es que la adjudicación de Santa Bárbara a General Dynamics fue torpe y oscura. Irritó a los militares españoles, partidarios del Leopard, y molestó innecesariamente al Gobierno alemán, ahondando todavía más las diferencias entre Schröder y Aznar. La Operación Santa Bárbara también resulta ininteligible en términos empresariales. La oferta de General Dynamics era mejor que la alemana y desde ese punto de vista la adjudicación es impecable. Pero no se entiende cómo los adjudicadores no previeron que una vez vendida a los fabricantes del Abrams, Krauss Maffei retiraría la transferencia de tecnología del Leopard, cancelaría el contrato de coproducción y las tensiones empresariales se trasladarían a las relaciones políticas hispano-alemanas.

Así que si la SEPI y el Ministerio de Industria metieron al Gobierno en este charco no fue por inadvertencia o por un error de cálculo. Antes de que las sospechas pasen a mayores, el Gobierno debería explicarse mucho y bien en el Parlamento para aclarar, o al menos intentarlo, las razones del vodevil en torno a Santa Bárbara.