La oposición considera "intolerable" que se dispare para detener a un inmigrante irregular

La muerte de un inmigrante indocumentado por el disparo de un guardia civil, durante la madrugada del pasado domingo en las costas de Tarifa (Cádiz), provocó ayer la indignación de los partidos de la oposición y las organizaciones sociales, que reclamaron una investigación a fondo de los hechos y la inmediata comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Sin cuestionar la versión oficial de que el disparo fue accidental ni la labor de la Guardia Civil en la lucha contra la inmigración ilegal, las críticas se dirigieron al uso de armas de fuego para detener a indocumentados.

El portavoz del PSOE en la subcomisión parlamentaria sobre Extranjería, Ramón Jaúregui, calificó de "intolerable" que "se detenga a un inmigrante disparando". "No entendemos que se puedan utilizar armas para detenerlos y exigiremos responsabilidades al Gobierno", agregó. Jaúregui pidió a Mayor Oreja que comparezca la próxima semana ante el Congreso para explicar este suceso "inexplicable" y anunció que le reclamará "mayor control en las fronteras a las Fuerzas de Seguridad para que se eviten estas situaciones y no se utilicen armas".El responsable de Interior de Izquierda Unida, Willy Meyer, también reclamó la comparecencia del ministro del Interior, al tiempo que denunciaba el "tratamiento policial" del fenómeno de la inmigración. "Es hora de pedir una explicación rotunda y de exigir un cambio radical en la política de seguridad", afirmó.

Margarita Uria, del PNV, dijo que, sin negar la presunción de inocencia del agente, cabe preguntarse "qué hacían unas pistolas en un sitio donde las personas llegan completamente agotadas, del mar, indefensas y en una situación de vulnerabilidad".

Carles Campuzano, de CiU, pidió al ministro que comparezca para explicar lo sucedido y agregó que, si no lo hace por iniciativa propia, lo reclamará su grupo. "Cuanto más pronto el Gobierno demuestre su voluntad de transparencia, más tranquilos nos vamos a quedar todos".

Mayor Oreja se mostró ayer dispuesto a atender las peticiones para que comparezca en el Parlamento, a las que se sumaron Eusko Alkartasuna e Iniciativa per Catalunya, y aseguró que la investigación judicial, cuyos resultados respeterá escrupulosamente la Guardia Civil, aclarará la muerte del inmigrante.

"Si hay un cuerpo que lamenta esta muerte es la Guardia Civil y este cuerpo quiere esclarecer más que nadie lo sucedido", declaró en Barcelona, informa Pere Ríos. "De hecho", añadió, "ha sido la Guardia Civil la que ha puesto este caso a disposición de la justicia y también la que, como medida cautelar, ha apartado del servicio al agente que dio muerte al inmigrante".

El ministro del Interior calificó de "ejemplar desde el punto de vista humanitario" la actuación de la Guardia Civil en las costas de Tarifa donde, recordó, ha hecho más de 300 rescates y ha prestado auxilio a unos 1.800 inmigrates en dificultades en los últimos cuatro años.

Los sindicatos UGT y CC OO pidieron una "investigación urgente y rigurosa" del caso. José Antonio Moreno, de CC OO, recordó que los inmigrantes "no son delincuentes a los que haya que perseguir a tiros por las playas", mientras que Almudena Fontecha, de UGT, aseguró no enteder cómo pudo dispararse fortuitamente el arma.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigió que se aclare si los agentes tienen instrucciones de utilizar las armas para controlar las fronteras, ante el temor a que el Estrecho "se convierta en Río Grande, donde se recibe a los inmigrantes [que cruzan de México a EE UU] a tiros y con fusiles".

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) anunció su propósito de personarse como acusación particular en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras para aclarar esta muerte.