El alcalde de Vitoria echa la culpa al Gobierno de la no presentación del presupuesto municipal

El alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, admitió ayer la posibilidad de no presentar un proyecto de presupuestos para 2001 y lo justificó por los efectos negativos que tendrá la aplicación de la ley de Aportaciones en la financiación de los municipios alaveses y guipuzcoanos. El primer edil responsabilizó al Gobierno vasco de esa situación y le acusó de "castigar a Álava, Vitoria y San Sebastián" porque están gobernadas por partidos no nacionalistas. Alonso propugnó cambiar las aportaciones de los territorios al Ejecutivo por un Cupo como el que se paga al Estado.

"Ahora no tenemos garantizada la salud financiera de esta institución para el año 2001 y, por lo tanto, no voy a presentar los presupuestos mientras no se aclare la situación", se justificó el alcalde de Vitoria. Alonso indicó que la aplicación de la Ley de Aportaciones el año próximo supondrá "castigar a Álava, Vitoria y San Sebastián. ¡Qué casualidad!". Sugirió Alonso que el Gobierno vasco discrimina a esas tres instituciones no gobernadas por el PNV, aunque en la relación de administraciones se olvidó de la Diputación de Guipúzcoa, que también sale perjudicada en el próximo ejercicio por la aplicación de la ley, pero que la gobiernan los nacionalistas.Alonso cree que, de llevarse a efecto los cálculos para el año próximo, Vitoria percibiría "3.000 millones menos". "Me parece una tomadura de pelo que tengamos que estar pendientes de la caridad del Gobierno vasco para que nuestras obras salgan adelante". El alcalde utilizó estos argumentos para justificar que, seguramente, el Ayuntamiento de Vitoria comenzará el próximo ejercicio con el presupuesto prorrogado. Admitió que también influyen las tensiones de las últimas semanas en la Diputación, donde su partido, el PP, no ha conseguido el apoyo de los socialistas para sacar adelante el proyecto de presupuestos.

La única solución para los ayuntamientos, según Alonso, es la aprobación dos iniciativas presentadas por el PP en el Parlamento, que obligarían al Gobierno vasco a repercutir en los municipios la recaudación extra que han registrado este año las tres diputaciones. Sin embargo, el alcalde fue más allá, al proponer fórmulas para cambiar la actual Ley de Aportaciones. Afirmó que el modelo actual tiene un "efecto antisocial" y "atenta contra la autonomía fiscal de los territorios históricos". Apostó por aplicar en el País Vasco un sistema como el del cupo al Estado, no sometido a las variaciones anuales de la recaudación fiscal. "Sería el ideal", opinó.

Esta idea del alcalde de Vitoria, si se aplicara literalmente, significaría un cambio drástico en el reparto de las recaudaciones entre las diputaciones u el Gobierno, y acabar con el actual Fondo de Solidaridad y el sistema de riesgo compartido.Sería tan radical que la Diputación alavesa, por boca del titular de Hacienda, Juan Antonio Zárate, rechazó esta posibilidad el jueves, en una comparecencia pública y se inclinó por la fórmula de fijar la aportación de cada territorio según su recaudación, en vez de en función de su Producto Interior Bruto (PIB). Por unos motivos u otros, el PP no podrá cumplir por segunda vez consecutiva su compromiso de aprobar los presupuestos del Ayuntamiento vitoriano antes de fin de año. Asimismo, tendrá dificultades para llevar a la práctica otra de sus principales apuestas.

Retraso en Salburua

Hace un año, Alonso aventuró que la expansión de Vitoria por Salburua (oeste) y Zabalgana (este) empezaría a hacerse realidad a principios de 2003. Ayer, sin embargo, admitió que los primeros pisos no podrán habitarse antes de que termine la actual legislatura, en el verano de ese año. "En 2003, la gente irá a Salburua y verá grúas", aseguró, aunque defendió su gestión: "Cualquier otro plan no es real ni viable". Alonso sólo pudo asegurar que antes de que termine su mandato estarán adjudicadas "no menos de 2.000 o 2.500 viviendas" en las zonas nuevas de expansión.Mientras sigue adelante la urbanización de Salburua y Zabalgana, donde se edificarán más de 20.000 pisos, se está terminando la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Según lo anticipó el alcalde, el documento se aprobará el 12 de diciembre, aunque esta decisión pertenece a la Diputación. El plan ha sido otro motivo de conflicto entre Ayuntamiento y Gobierno, porque desde el municipio se pretendía una gran expansión hacia los pueblos del entorno que el Ejecutivo ha obligado a rebajar.