Un juzgado de Sevilla imputa un delito fiscal a Ruiz de Lopera

Pago fijo

Un juzgado de Sevilla ha imputado al presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, un presunto delito fiscal en relación con varias de sus empresas (en las que también aparece el nombre de su esposa). Según aseguran diversas fuentes, la Agencia Tributaria pasó el caso a la fiscalía de Sevilla al considerar que había diversas irregularidades en empresas vinculadas directa o indirectamente con Ruiz de Lopera y con el Betis. Tal y como informó EL PAÍS el 8 de abril, la Agencia Tributaria considera que el entramado empresarial urdido por el presidente del Betis implica un "vaciamiento patrimonial del club". La Fiscalía sevillana considera ahora, tras cerca de dos meses de investigación del caso, que hay motivos razonables para pensar que todo esto constituye un delito y lo ha enviado a un juzgado.El informe de la auditoría del Betis de la temporada 1997/1998 ya reflejaba a juicio de la Agencia Tributaria una situación potencialmente explosiva. Los encargados de realizar tal estudio no se atrevieron a dar el visto bueno a las cuentas. Uno de los aspectos más conflictivos es el hecho de que el Betis decidió amortizar a sus jugadores en un plazo de tan sólo tres años La imporancia de este hecho es que las cantidades destinadas a amortización se consideran un gasto y por lo tanto, reducen el volumen de los beneficios y su gravamen fiscal.

Los auditores consideraron entonces que esta particular manera de enfocar la amortización de los jugadores -un punto en el que los abogados de Ruiz de Lopera insisten una y otra vez en la viabilidad de su criterio- le permitíó al club destinar a mortizaciones 4.350 millones entre 1993 y 1997. La Agencia Tributaria se sorprendió al estudiar los libros de contabilidad del Betis que aseguraban que en 1998 había tenido unos beneficios de 1.807 millones, lo que, tras descontar las amortizaciones, desvelaba que los benicios del club debían ascender hasta los 6.150 millones de pesetas, una cifra del todo increíble.

Desde que Lopera adquiriera la mayoría de las acciones del Betis, la empresa Tegasa -cuya g antes se refería a ganadera y desde entonces a garantías del deporte- ha sido fundamental. De hecho esta empresa es la que recibe casi todos los fondos que van a parar a las arcas del Betis El club tan sólo recibe de manera directa los ingresos por quinielas y subvenciones, mientras que todo el dinero de televisiones, taquillas, vestimenta... van a parar a varias empresas de la órbita de Lopera entre las que destaca Tegasa, pero también Farusa y Jemajen. El Betis y las sociedades de Ruiz de Lopera firmaron varios contratos por los que el club recibía una cantidad fija de estas empresas "por sus servicios". Pero la inspección de la Agencia Tributaria consideró que estos contratos firmados entre el Betis y las empresas controladas por Ruiz de Lopera no estarían justificados como un verdadero pacto de prestación de servicios, ya que les parece obvio que quien presta los servicios que, a la postre, generan los beneficios del club, es el propio Betis y no las empresas que conran por ellos

En concreto, los acuerdos establecían que el Betis cedía a Tegasa el arriendo y cesión de todas sus instalaciones, servicios e ingresos a cambio de una determinada cantidad de dinero. En la temporada 1993/1994 este pago se fijó en 899 millones de pesetas. Según aseguran las cuentas, Tegasa perdió dinero en esta temporada ya que le pagó al Betis 899 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación cambió radicalmente y, en especial con los fondos provenientes de los derechos por retransmisión por televisión, y en la temporada 1997/1998 Tegasa ingresó 3.980 millones de pesetas y le pagó al Betis tan sólo 2.575 millones.La Agencia Tributaria ha seguido muy de cerca los pasos de Ruiz de Lopera al frente del Betis, de una manera muy similar a la que mantuvo durante el caso Atlético. La inspección reveló las irregularidades denunciadas, pero la Fiscalía de Sevilla ha dado el paso definitivo después de investigar el caso durante cerca de tres meses y, finalmente, llevarlo ante un juzgado.