Las entidades vecinales alertan de que empresas de telefonía móvil instalan antenas sin control

Las compañías de telefonía móvil llevan meses instalando antenas en distintos edificios de Barcelona sin tener en muchos casos licencia municipal y aprovechándose del vacío legal existente. Los inquilinos de inmuebles de Gràcia, de Sant Genís dels Agudells (Horta) y del paseo de Maragall temen las consecuencias que puede tener para su salud porque muchas de las antenas se han colocado aparentemente sin respetar las distancias mínimas exigibles. Responsables municipales de los distritos de Gràcia y Horta admiten que algunas antenas se han instalado sin permiso.

Contacto con el propietario

Las familias de Gràcia que viven en las proximidades de la antena aseguran que algunos vecinos sufren frecuentes dolores de cabeza y oyen zumbidos en los oídos. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) se ha hecho eco de las protestas y juzga "inadmisible" que el despliegue de estos artefactos se esté llevando a cabo sin planificación alguna y sin cumplir la normativa.El vicepresidente de la FAVB, Andrés Naya, opina que los poderes públicos están dando un trato desigual a estas compañías, que considera "sometimiento a las multinacionales". "Cuando un particular quiere colocar una placa solar en su finca se le exige una serie de documentos, fotografías e informes sobre el impacto estético, mientras que luego, llegan las grandes empresas y plantan una antena de grandes dimensiones sin más", asegura el dirigente vecinal.

El Departamento de Medio Ambiente está ultimando una normativa al respecto, pero algunas de las personas que han tenido acceso al texto se muestran poco optimistas. Según la abogada que asesora a los vecinos de Sant Genís, Paloma Álvaro, la futura normativa no bastará para corregir las irregularidades. Otras voces opinan que el texto se muestra más sensible a los intereses de las compañías, dejándoles el camino expedito para que prosigan su rápida expansión.

La forma más habitual de actuar de las operadoras cuando están interesadas en un determinado edificio que les proporciona mayor cobertura es ponerse en contacto con el propietario de un inmueble. Las cantidades anuales que se están pagando por alquilar una terraza oscilan entre 500.000 pesetas y cuatro millones. Estas empresas acostumbran a decantarse por los edificios de viviendas de alquiler, porque quien decide es el propietario y en la mayoría de ocasiones no vive allí y se limita a cobrar el importe convenido. Los que suelen protestar siempre son los inquilinos porque sin que nadie les consulte padecen las consecuencias y se inquietan a partir del día que descubren el artefacto que despunta de la terraza y empiezan a preguntarse si puede ser perjudicial para la salud o incluso si la estructura de la finca soportará el peso adicional.

En el paseo de Maragall, la movilización de los residentes logró que la antena fuera desmontada porque afectaba a la estructura y porque Retevisión la puso amparándose en una licencia a precario, pero sin cumplir las condiciones exigidas por el Ayuntamiento. Cuando se comprobó que las quejas de los vecinos eran justificadas, se ordenó su retirada.

La velocidad de vértigo con que el teléfono móvil se está implantando en Cataluña contrasta con la escasa capacidad de reacción que están demostrando las administraciones a la hora de elaborar las normas que la regulen. Entretanto, cada operadora actúa a su aire sin coordinarse con la competencia, lo que contribuye a la proliferación de antenas.

La comunidad científica no ha llegado de momento a conclusiones tajantes sobre los efectos que puede acarrear para las personas la exposición continuada a la radiación electromagnética. Hoy por hoy, nadie puede garantizar que sea inocua ni lo contrario, pero mientras tanto el cielo de las ciudades se va sembrando de antenas.

Tampoco tranquiliza demasiado a los afectados el encargo por parte de la Organización Mundial de la Salud del Proyecto CM (campos electromagnéticos), cuyos resultados definitivos, sin embargo, no se conocerán hasta el año 2006. Ante esta situación, algunos inquilinos del barrio de Gràcia dicen sentirse "conejillos de Indias involuntarios".