La vía de la eutanasia

Holanda ha demostrado ser, una vez más, un país que abre caminos en terrenos fronterizos con la ley, la moral y la ciencia. Su decisión de despenalizar la eutanasia activa de enfermos terminales en ciertos supuestos y de acuerdo con requisitos tasados constituye un paso capital en una cuestión que ha entrado con fuerza hace tiempo en la conciencia de las sociedades desarrolladas, en las que el promedio de vida se ha alargado, provocando a su término situaciones humanamente dolorosas y médicamente irreversibles.La ley aprobada por el Parlamento holandés, pendiente todavía de ratificación en el Senado, legaliza la eutanasia en el caso de enfermos terminales que sufran dolores insoportables sin perspectiva de mejora alguna, que hayan expresado clara y repetidamente su voluntad de morir, incluso con antelación a la enfermedad, y siempre que la decisión esté refrendada por dos facultativos. La norma no es enteramente nueva, puesto que desde hace siete años se admitía una eximente de responsabilidad penal para los médicos que practicasen la eutanasia en condiciones semejantes a las ahora establecidas, pero supone un salto cualitativo en dos puntos clave: el respeto a la libre voluntad del paciente y las garantías jurídicas de quienes, de una u otra forma, colaboran con su decisión. Ambos salen fuertemente reforzados con esta ley.

La nueva situación legal no queda, en todo caso, exenta de vigilancia. Comisiones integradas por juristas, médicos y especialistas en ética examinarán si cada caso concreto se ha realizado de acuerdo con la ley. Pues fuera de ella el médico arriesga 12 años de cárcel si participa activamente en la muerte del enfermo y tres si le proporciona los medios para acabar con su vida. La contrapartida obligada de una norma moralmente valiente, pero de práctica arriesgada, es controlar muy de cerca su aplicación para evitar dos riesgos posibles: que el médico o los familiares del paciente influyan en su decisión, conculcando el principio básico de su voluntariedad, y que los sistemas sanitarios tiendan a ahorrar gastos destinados a enfermos terminales, induciéndoles de ese modo a resolver su situación mediante el recurso a la eutanasia.

El Estado está obligado a conjurar esos peligros, pero con el objeto de garantizar mejor el derecho del paciente a recurrir voluntariamente a la eutanasia en momentos vitales más próximos a la muerte que a la vida propiamente dicha. El paso dado por Holanda no dejará de influir en las soluciones legislativas que otros países, incluido el nuestro, deberán dar muy pronto a una cuestión cada vez más acuciante en las sociedades desarrolladas.