Justicia española para los mayas

La Audiencia Nacional decide hoy si es competente para investigar los crímenes de genocidio en Guatemala

A pesar de su inmensa fortaleza, se les resbalan silenciosas las lágrimas. Entonces se las recogen y las esconden tímidamente. Casi avergonzadas. Una ya peina canas y la otra dice sentirse tan vieja como si hubiera vivido varias vidas. Cosa que hacen cada día sin ellas saberlo. Aura Elena Farfán y Rosario Pu llevan muchos años conviviendo con las vidas que a otros les fueron arrebatadas durante las dictaduras de Guatemala. Hoy asistirán "con serenidad y esperanza" en la Audiencia Nacional al pleno que debe declarar la competencia de ese tribunal para investigar la querella presentada contra ocho ex altos cargos militares y políticos de Guatemala por delitos de genocidio, torturas, asesinato, terrorismo y detención ilegal cometidos durante la represión ejercida contra el pueblo guatemalteco por los aparatos del Estado en dicho país entre 1962 y 1996. "Nosotras salvamos la vida y por eso tenemos que luchar por los que no fueron tan afortunados, por nuestros familiares desaparecidos y por los otros 45.000 guatemaltecos que están enterrados en cementerios clandestinos", confiesa Pu.En sus cerca de 40 años, Pu ha perdido a más de 20 miembros de su familia (entre ellos su padre y sus abuelos) en los 34 años que duró un conflicto que se cobró cerca de 200.000 muertos en un país de apenas 11 millones. Cifras frías todas ellas pero que han marcado la vida de Pu y que ahora están recogidas en 5.000 folios teñidos de sangre que agrupan los datos de la represión guatemalteca. Y es que este pequeño país centroamericano tuvo el penoso récord de inaugurar en 1963 la práctica del secuestro y desaparición que las otras dictaduras latinoamericanas hicieron después rutinarias. Comenzó entonces la sucia labor de unos escuadrones de la muerte que, desde finales de los años setenta hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996, impusieron el terror.

En opinión de Antonio García, uno de los abogados de Comisiones Obreras que representan la querella interpuesta en un primer momento por la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, y a la que se han sumado otras muchas, "no hay ningún motivo para que la Audiencia no se declare competente". Esperanzada se muestra también la propia Menchú: "Mañana [por hoy] será un día histórico para el pueblo guatemalteco". "En los casos de Chile y Argentina, la Audiencia interpretó de forma amplia el concepto de genocidio", explica García. "En el caso de Guatemala, el genocidio es literal. Fue la eliminación deliberada y sistemática de un grupo por su raza, ya que el 87% de las víctimas fueron mayas", aclara García.

Así sucedió con los abuelos de Rosario Pu cuando contaban más de ochenta años. Golpeados y asesinados a tiros. El abuelo, abatido en la silla en la que se sentaba siempre; la abuela, muerta a bocajarro en la cocina. "Tienes cinco minutos para enterrarlos o los tiro al río", le espetó el militar que perpetró tan heroica gesta al tío de Pu cuando llegó precipitadamente a su casa para evitar lo ya inevitable. El tío de Pu tuvo que enfrentarse entonces al doloroso hecho de ser él mismo un militar y tener que callar. Enterró a sus padres en el mismo centro de la casa. Peor suerte corrió el hermano de Aura Elena Farfán, Rubén Amílcar, quien el 15 de mayo de 1984 desapareció para siempre. De los abuelos de Pu se rescataron los cadáveres y ahora sus familiares tienen un lugar donde arrodillarse para llorar. De Rubén no se sabe nada. "La desaparición de un ser querido es la peor de las torturas, es la tortura más perfeccionada", se lamenta la hermana de Rubén. "Es un dolor inmenso que nunca termina y que te va mermando". Por eso, Farfán se promete que no parará "hasta arrancarle la verdad a la tierra donde están enterrados nuestros muertos".

Ambas mujeres esperan encontrar en España lo que se les ha negado en Guatemala. "Espero que España nos devuelva la justicia", dice esperanzada Pu. "¿Usted cree que el general Ríos Montt [imputado en la querella y actual presidente del Congreso guatemalteco] se va a meter a sí mismo en la cárcel?", se pregunta en voz alta Pu. Y ella misma se responde: "Guatemala nunca nos va a devolver la dignidad arrebatada, no va a señalar a los culpables y enjuiciarlos. No cuando ellos mismos están en el Gobierno y dirigen el Ejército".

El Pleno de hoy decidirá sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la decisión del magistrado Guillermo Ruiz Polanco de admitir a trámite la querella de Menchú contra los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejías Victoria, jefes de Gobierno de Guatemala consecutivamente entre marzo de 1982 y enero de 1986, tras sendos golpes de Estado, y el también general Fernando Lucas García, presidente de la República de Guatemala en el periodo 1978-1982, y que reside actualmente en Venezuela. Los otros cinco querellados son el ex ministro de Defensa, general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez; el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz (residente en Miami); el ex director de la Policía Nacional coronel Germán Chupina Barahona; el ex jefe del Comando Seis de la Policía Nacional Pedro García Arredondo, y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército general Benedicto Lucar García.

El fiscal recurrió la admisión a trámite de la querella alegando que los hechos investigados se produjeron en el marco de una guerra y que la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala de 1996 establece la amnistía a quienes hayan participado en el conflicto armado. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó, en noviembre de 1998, que España tiene jurisdicción derivada del principio de persecución universal para perseguir a los autores de la "acción de exterminio" que se llevó a cabo durante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990), que investiga el juez Baltasar Garzón.