El 67% de los españoles reclama que se regule una práctica oculta

En España, la eutanasia es una práctica oculta y clandestina, pero tendría que legalizarse si se hiciera caso a la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Una comisión especial creada en el Senado en la legislatura pasada, ante la que comparecieron 120 expertos, manejó encuestas en las que, invariablemente, en torno al 67% de los preguntados apoyaban la legalización, porcentajes que bajaban al 53% entre los votantes del PP, pero que se disparaban hasta el 71% entre los partidarios de CiU, al 73% entre los seguidores del PSOE, y al 87% entre los votantes del PNV.Se trataría, por tanto, del ya tópico principio de hacer legal lo que en la calle se tiene por normal. En esa dirección, el Parlamento catalán, por unanimidad, tramitó el verano pasado una proposición de ley para dar cobertura legal a la eutanasia pasiva, es decir, al derecho de los enfermos a rechazar tratamientos que prolonguen su vida de manera artificial. Numerosos médicos asumen que esa práctica es muy frecuente, pero tampoco faltan los que, abiertamente ya, reconocen que muchas veces han de enfrentarse positivamente a peticiones de eutanasia activa.

La muerte es la congoja suprema del género humano acrecentada por el temor a una enfermedad insoportablemente dolorosa o prolongada. Así lo plantean los partidarios de la eutanasia activa, cuyas campañas por una muerte digna tuvieron un impacto superior cuando un tetrapléjico gallego, Ramón Sampedro, con una lucidez estremecedora, inició una interminable batalla legal y mediática para conseguir ayuda legal para morir. El 12 de enero de 1998, Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que alguien le había acercado a la boca. Los intentos de incriminar a las personas de su entorno no sólo se estrellaron contra buenas coartadas, sino también contra una opinión pública en su mayoría comprensiva con la tragedia del tetrapléjico condenado a vivir.

La polémica es recurrente en todo el mundo y tiene que ver con cuestiones religiosas -la Iglesia católica está en contra-, pero también ideológicas, culturales y científicas. Y también cuenta la edad. Las encuestas manejadas por el Senado demuestran que la actitud de una persona mayor es mucho más cauta que entre los jóvenes.

La conclusión es que, al margen de una futura legalización o despenalización, habrá que tener cuidado en proteger a poblaciones muy vulnerables (demenciados, excluidos), a los que se podría abocar a elegir un camino mortal por encima de su verdadera libertad.