El PP plantea una reforma legal para que la recaudación al alza de las diputaciones no perjudique a los municipios

El Partido Popular está preocupado ante la reducción de recursos económicos que van a sufrir los ayuntamientos de Álava y de Guipúzcoa el próximo año. Según los populares, la previsión de recaudación de las diputaciones de esos dos territorios para este año es superior al pasado, pero muy inferior a la que se prevé para Vizcaya. Así, la aplicación del modelo de financiación contenido en la Ley de Aportaciones presenta la paradoja de que, a pesar de que mientras las provincias de Álava y de Guipúzcoa van a ver disminuidos sus recursos disponible netos, los de Vizcaya y del Gobierno vasco van a exceder "ampliamente" las previsiones contenidas en sus respectivos presupuestos.El cálculo del PP es que los municipios alaveses y guipuzcoanos tendrán 2.000 y 5.000 millones menos de ingresos de los previstos, respectivamente. Por el contrario, el Gobierno vasco recibirá unos ingresos superiores en cerca de 30.000 millones a los originalmente presupuestados.

Por eso, el PP presentó ayer en el Parlamento una proposición no de ley en la que insta al Gobierno y a las diputaciones a impulsar las reformas legales que sean necesarias, entre ellas la de la Ley de Aportaciones, para que el Ejecutivo destine ese mayor ingreso a compensar el "perjuicio" económico que puedan sufrir los ayuntamientos y para que la situación no se repita en el futuro.

Por otra parte, los populares también presentaron otra proposición no de ley solicitando la modificación de la Ley de Régimen Presupuestario con el fin de evitar que el Gobierno pueda prorrogar el próximo año los Presupuestos de 2000 y, al mismo tiempo, disponer de mayores recursos que los consignados (ver EL PAÍS del pasado 10 de noviembre). La iniciativa popular ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento después de que se elaborara un informe jurídico al respecto.

El parlamentario del PP y autor de la propuesta, Antonio Damborenea, pretende que, en el caso de una prórroga presupuestaria, ésta se aplique no sólo a los gastos, sino también a los ingresos. "Podría darse la curiosidad", señaló, "de que un Gobierno con el presupuesto prorrogado tuviera mayor discrecionalidad en el gasto que uno con su presupuesto aprobado".