Gil recurre la publicación del PGOU de Marbella y la sentencia que le obliga a mostrar la fiscalización

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le obliga a entregar a los grupos de la oposición el anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y las sociedades municipales en el periodo 1990-1999, que refleja la existencia de cerca de 40.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar.En una sentencia firmada el pasado día 20, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó a Gil que facilitase a la portavoz municipal del PSOE, Isabel García Marcos, el citado anteproyecto del Tribunal de Cuentas en el plazo "improrrogable" de 48 horas. El alto tribunal andaluz determinó que Gil había vulnerado el derecho fundamental a la participación política de los grupos de la oposición al negarles el citado documento.

El alcalde marbellí no cumplió la sentencia y ayer anunció que va a recurrirla. Gil señaló que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó su resolución "desconocía que el pleno municipal ha delegado la mayoría de sus competencias a la comisión de gobierno", por lo que basará su recurso en este extremo.

Al mismo tiempo, el alcalde de Marbella anunció que recurrirá ante los tribunales la publicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de hoy, medida que tachó de "ilegal y nula de pleno derecho".

Para Jesús Gil con la publicación de este documento, el Gobierno andaluz "reconoce que el PGOU de 1986 no estaba en vigor", y dijo que la Junta "está haciendo el ridículo más espantoso". El regidor marbellí destacó que el único plan válido será el aprobado por su grupo, y consideró que la Junta de Andalucía incurre en una contradicción al reconocer "por un lado que las competencias urbanísticas son de cada municipio, mientras que por otro se las retiran al publicar un documento basándose en circunstancias especiales".

Según Gil, hasta el momento los técnicos municipales no han podido mantener ninguna reunión con los de la comisión provincial de Urbanismo.

Señaló que "los planes no se revisan en función a uno anterior sino de los parámetros que requieren las necesidades de una ciudad", y que va a demostrar ante todos los jueces "que están equivocados".