Argentina queda paralizada por una huelga contra las medidas del FMI

La huelga general de 36 horas declarada por las tres centrales sindicales peronistas "contra el modelo económico neoliberal del Gobierno de la Alianza", iniciada al mediodía del jueves, paralizó ayer todo el país. Para los dirigentes gremiales, la adhesión al paro fue de un 98% y se convirtió en "un plebiscito nacional contra el modelo económico neoliberal". El ministro del Interior, Federico Storani, dijo que era "difícil evaluar la convocatoria, porque hubo ataques y actos de intimidación que atemorizaron a la gente".

Situación grave

Varias decenas de personas fueron detenidas y un piquete murió por disparos de un ciudadano furibundo que intentaba circular, según Efe. Las partes enfrentadas coincidieron en la necesidad de recuperar el diálogo interrumpido cuando el presidente Fernando de la Rúa anunció hace diez días el paquete de medidas económicas que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "blindar" la capacidad de pago de Argentina con créditos de hasta unos 20.000 millones de dólares.El Gobierno ha quedado ahora entre dos fuegos. Por un lado, el director ejecutivo del FMI, Stanley Fischer, dijo claramente que la condición necesaria para que los fondos de emergencia estén disponibles es que se ejecuten las medidas "por ley o por decreto". A su vez, el ala más dura de la Confederación General del Trabajo, la que lideró la huelga, reclama al Gobierno que "entienda el mensaje de la sociedad y cambie con voluntad y decisión política el modelo económico". Las medidas económicas anunciadas no convencen ni a los propios grupos parlamentarios de la Alianza.

Los legisladores del Frepaso, el frente de partidos que integra junto con el Partido Radical el Gobierno de coalición, rechazan la reforma previsional que dejaría el sistema de jubilaciones y pensiones en manos de las empresas privadas, elimina la prestación básica y aumenta la edad mínima de jubilación para las mujeres a 65 años. El punto de conflicto mayor con los sindicalistas es la desregulación de las obras sociales de los gremios, la llamada caja negra que ellos administran a voluntad y a la que van a parar los descuentos obligatorios de salarios que se les hacen a los que todavía tienen trabajo en blanco, es decir, en empresas que cumplen con la ley. Si el mercado se abre, los trabajadores podrán elegir entre los servicios de salud que les ofrece su gremio o las empresas privadas.

El ministro de Economía del Gobierno argentino, José Luis Machinea, se ha inclinado a favor de atender a la demanda del FMI ante el riesgo de que Argentina no pueda enfrentar en el primer trimestre del año próximo los vencimientos del pago de los intereses de su deuda externa y las consecuencias sean todavía peores. Según Machinea, "la situación era grave hace 10 días y sigue siendo grave hoy. Dijimos en su momento que eran necesarias tres cosas para salir de la crisis: aprobar el paquete de medidas, aplicarlas y asegurar el blindaje financiero con créditos del Fondo".El Gobierno sólo ha podido cumplir hasta ahora con la firma del llamado Pacto Fiscal, un acuerdo con los gobernadores de provincias -que incluye a 13 de las 14 administraciones bajo control de la oposición peronista- por el que todos se comprometen a congelar el gasto público hasta 2005. En la próxima semana el Parlamento debe comenzar el debate sobre el presupuesto de 2001, sobre el que hay acuerdo entre los grupos parlamentarios. Después De la Rúa firmará los decretos para imponer la reforma. La decisión está tomada.

El secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, líder del ala combativa de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que está dispuesto a convocar una nueva huelga general, esta vez de 72 horas de duración, "si el Gobierno no escucha el mensaje de la sociedad".

Las últimas 24 horas de la huelga transformaron el viernes en un extraño domingo. Durante la mañana soleada pequeños grupos de trabajadores se manifestaron pacíficamente en distintas ciudades y cortaron calles por las que casi no circulaban coches ni autobuses. Los piquetes que interrumpían el tránsito en puentes y carreteras se disolvieron sin que interviniera la policía. El ministro del Interior dijo que hubo "incidentes menores", pero admitió que "todo transcurrió con normalidad". La policía detuvo a algunos activistas que tenían clavos y bombas incendiarias.