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Los sindicatos exigen al Consell un "control estricto" de las ayudas públicas a Ford España

Cristina Vázquez

El comité de empresa de Ford España en Almussafes exigió ayer a la Generalitat "un control estricto" de los incentivos públicos concedidos a la multinacional para atraer nuevos proyectos a Valencia, que luego se han perdido. Centenares de trabajadores reclamaron por la tarde ante la sede del Gobierno valenciano un plan de futuro para Almussafes. "El Consell debe jugar su papel en esta crisis como hicieron los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania", aseguró el portavoz de UGT, Gonzalo Pino. El comité interpreta la falta de nuevos proyectos como antesala del cierre.

La producción ha caído en la factoría de Almussafes en los últimos años a pesar de los esfuerzos por ganar en competitividad y calidad. Estos avances han sido premiados por la multinacional, según el comité de empresa, con el futuro cierre de una de las plantas de motores -la del HCS- y el traslado del segundo motor fabricado en Almussafes -el Zetec-Se- a otra planta europea. Son 800 los empleos afectados por los planes de Ford Europa.El comité teme que el excedente de personal provocado por la pérdida de los motores se extienda con el tiempo a las plantas de BAO (montaje de vehículos), que los sindicatos interpretan como "antesala del cierre" de la factoría valenciana, en funcionamiento desde 1976.

"Hemos trabajado duro para ser los mejores en productividad y calidad. Y tenemos razones más que sobradas para pedir nuevos proyectos a Ford y una mayor implicación de la Administración en el futuro de Almussafes. No pararemos, por tanto, hasta que nos expliquen por qué después de tanto esfuerzo no tenemos nuevos motores y vehículos". Con esta declaración, los dirigentes sindicales de UGT y CC OO en Ford España justificaban la concentración celebrada por la tarde ante la sede del Gobierno valenciano. Decenas de operarios de las plantas de montajes reclamaron a la Administración autonómica "que presione" a la multinacional para que realice nuevas inversiones en Valencia.

Exigen una reacción política eficaz como la que en su día protagonizaron los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania, donde se concentran los centros productivos de Ford en Europa. Y justifican su petición. Según datos del comité, el Consell debe ser más estricto y controlar el uso que la compañía hace de las subvenciones concedidas en su día para atraer nuevos proyectos a Almussafes que asegurasen la continuidad del empleo. El portavoz de CC OO, José Nácher, destacó ayer cómo se ha acentuado en los últimos tiempos la situación periférica de Almussafes, no sólo en lo geográfico, sino también en los aspectos industriales y políticos. "No sería la primera vez que una multinacional cierra una factoría con beneficios y altos niveles de calidad", apostilló Nácher.

Pino recordó, por otro lado, cómo el motor Zetec-SE, al que se destinaron unas ayudas públicas de 11.200 millones, se trasladará a una factoría británica, o cómo la nueva versión del motor HCS, que produce Almussafes desde el principio, se traslada a Suráfrica, tras una revisión de diseño. También se refirieron los dirigentes sindicales a una inversión en una planta de parachoques, a la que se destinaron otros 3.000 millones de pesetas en ayudas, a pesar de que ahora se fabrican en el polígono industrial anejo a la factoría de Almussafes. "Cuanto más se invierta en el polígono industrial sin control alguno, más se resentirá el empleo en la Ford", advirtió Pino. La Administración se ha limitado, según el dirigente, "a dar dinero y no exigir nada".

Los dirigentes negaron que Almussafes sea una factoría conflictiva como aseguran, "interesadamente" otras plantas europeas que compiten con Almussafes por los nuevos vehículos o motores. Y, como primera medida, anunciaron ayer que solicitarán una entrevista con el nuevo consejero delegado de Ford España, cargo que ocupa por primera vez un español.

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Mientras se despeja su futuro, los sindicatos negocian en estos momentos con el nuevo director gerente de la planta, el argentino Antonio Adés, una reducción de la jornada laboral, de las 38,45 horas actuales a las 36,30 horas. Los encuentros celebrados hasta ahora no han supuesto grandes avances.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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