Enseñanza dio el concierto a un centro al que se lo había negado, sin cambiar las circunstancias

El Departamento de Enseñanza negó reiteradamente el concierto educativo al centro Súnion, de Barcelona, alegando que su oferta de plazas no cubría necesidades de escolarización, una condición que justifica la financiación pública de una empresa privada del sector de la enseñanza. En octubre de 1999 Súnion presentó recurso de reposición ante Enseñanza y en mayo de 2000 le fue concedido el concierto con efectos retroactivos. ¿La razón? La contraria por la que se le había denegado: en un barrio donde no faltan plazas públicas, Súnion sí cubría esta vez necesidades de escolarización.

Este centro privado cobra a los alumnos mensualidades de 40.000 pesetas. Su portavoz definió así el concierto en una reciente entrevista de televisión: "Es una subvención que cobran los demás y que también podemos tener nostros". El caso de Súnion ilustra la perversión del modelo del concierto educativo por el que la Administración financia a centros privados a cambio de integrarlos en la oferta de educación gratuita que garantiza la Constitución.Sin embargo, cada vez hay más centros que cobran cuotas de cuantía elevada y han conseguido al mismo tiempo que la Administración se haga cargo de las nóminas de su profesorado y pague asimismo gastos de mantenimiento. El sistema que permite no incurrir en una ilegalidad flagrante es la creación de fundaciones que cobran las tarifas a las familias en forma de "donaciónes voluntarias".

La preceptiva labor de inspección de la Administración choca con el hecho de que los inspectores sólo pueden actuar si alguien denuncia que la supuesta "donación voluntaria" no lo es en absoluto. Pero no se producen denuncias. De forma generalizada, las familias aceptan las condiciones del colegio y pagan sin rechistar. A menudo ni siquiera saben que no están obligados a hacerlo.

Prácticamente todos los centros concertados cobran a los escolares por sus servicios cantidades que se sitúan entre 10.000 y 20.000 pesetas al mes, más la comida. Hasta hace poco, las escuelas privadas de élite se habían mantenido al margen de los conciertos. Pero últimamente Enseñanza parece haber abierto del todo la puerta. La Escola Garbí es un ejemplo. Está concertada desde 1996. Cobra la mensualidad en dos facturas diferenciadas. La primera, a nombre de la propia escuela, en concepto de "gastos de material", por un importe de 8.500 pesetas, y la segunda, destinada a la Fundación Escoles Garbí, por un importe de 39.100 pesetas. A esto hay que añadir una tercera de 18.000 pesetas por gastos de comedor.

Pese a estos ingresos y el montante del concierto, la Fundación Escoles Garbí, que controla también el Centro Pere Vergés, de Badalona, igualmente concertado, pidió a principios de este curso a las familias un desembolso de 140.000 pesetas en tres pagos para hacer frente a graves problemas financieros.

Falsa gratuidad

En ningún lugar de la carta que recibieron los padres con esta petición se indicaba que fuera voluntario. Sólo cuando el inspector de Esplugues, donde está el centro, recibió quejas de familias en este sentido, la fundación indicó que no era una aportación obligatoria. Casos como éste muestran que el sistema de conciertos se basa en una falsedad: la de la gratuidad de la enseñanza. Y comparten esta opinión, al menos en privado, tanto la Administración educativa como los expertos que diseñaron la ley que incorporó la figura del concierto, la LODE.

A juicio de Francesc Colomer, que fue responsable de la Inspección del Ministerio de Educación durante varios gobiernos socialistas, "la LODE se equivocó". El concierto, explica Colomer, "no permite la amortización de los bienes inmuebles, es decir, la ley parte de la base de que el centro que pide el concierto dispone de un local totalmente amortizado, y éste era sólo el caso de las grandes escuelas religiosas -y ni siquiera todas ellas-, pero no el del resto, que o bien está pagando una hipoteca o bien un alquiler". "La Administración ha cerrado los ojos desde el primer momento", afirma este experto, que considera que se hizo un "planteamiento represivo" pero no se estableció un sistema de diálogo entre las Administración y los centros privados.

Los sindicatos y la oposición de izquierdas han denunciado el proceder de estos centros concertados. En su opinión, los padres de los alumnos pagan y no denuncian al centro con tal que en la escuela de su hijo no entren niños que puedan generar supuestos conflictos, como serían los inmigrantes o los pertenecientes a determinadas clases sociales. Esto propicia la creación de guetos escolares en los centros públicos situados en zonas de alta inmigración o con condiciones sociales desfavorables.

Lo sorprendente es que centros como la Escola Garbí, situado en una zona mixta, cerca incluso de un barrio deprimido, sólo cuenten con alumnos de clase media alta, cuando en realidad deben estar abiertos a todos.