Un grupo de trabajo parlamentario estudiará el sistema de 'ecotasa' que se aplica en Baleares y Alemania

El grupo de trabajo sobre la ecotasa y la fiscalidad ecológica, que se constituyó ayer en el Parlamento andaluz, estudiará los modelos que ya se aplican en otras comunidades autónomas y en países europeos, en especial el caso de los länder alemanes, para analizar la posibilidad de implantar en Andalucía un tributo que penalice aquellas actividades económicas que tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente. Para elaborar su propuesta, el grupo citará a expertos en fiscalidad, turismo y economía medioambiental durante los próximos seis meses, aunque, de entrada, se descarta la aplicación de un modelo similar al de Baleares, donde se aplica sólo sobre el sector turístico, a través de tasas que gravan las pernoctaciones.

El parlamentario socialista Manuel Pezzi, que preside el grupo formado por 11 diputados, explicó ayer que la intención reside en estudiar un impuesto finalista, con el objetivo de que repercuta directamente en la conservación o reparación del medio ambiente, afectado por la actividad económica penalizada. El grupo, que volverá a reunirse el próximo 20 de diciembre para cerrar las comparecencias, se constituyó a petición de IU y PSOE. El PA, a pesar de oponerse a la aplicación de una ecotasa vinculada exclusivamente al turismo, apoyó la creación del grupo de trabajo, que sólo recibió el rechazo expreso del PP.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, presentó ayer ante la comisión parlamentaria de Medio Ambiente el informe especial sobre residuos de cebaderos y granjas avícolas, que ya se había entregado en el Parlamento hace 11 meses. Chamizo recordó que estas explotaciones presentan "graves carencias" por la falta de medidas de control y provocan "un gravísimo riesgo medioambiental" por la contaminación del suelo y los acuíferos, además de las molestias que originan los olores.

En Andalucía existen unas 25.000 explotaciones, que generan 85.000 empleos directos. El informe del Defensor del Pueblo incide sobre la escasa actualización de datos sobre estos residuos, a pesar de su impacto ambiental: "Los efectos contaminantes que produce una concentración de 20.000 cerdas-madre equivalen a los que provocan 750.000 personas".