La Fiscalía del Tribunal Superior denuncia por presunta estafa al presidente de la Asociación de Errores Médicos

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha presentado una denuncia por un presunto delito continuado de estafa contra miembros de la Asociación de Víctimas de Errores Médicos de Euskadi. El presidente de ésta es el abogado bilbaíno Carlos Gómez Menchaca, y los cargos de secretario y tesorero lo ocupan dos hermanos suyos que también comparten el despacho profesional de Bilbao donde tiene su sede la asociación.En la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, el fiscal, que actúa de oficio tras conocer de primera mano los testimonios presentados por algunos afectados, indica que esta asociación exigía a sus socios ciertas cantidades de dinero por medio de engaño, "consistente en afirmar que mediante una reducida provisión de fondos se iniciarían los trámites judiciales para obtener una reparación económica por el presunto error médico".

Para el representante del Ministerio Público los hechos narrados por los afectados pueden revestir los caracteres de un delito continuado de estafa, mediante la utilización de la asociación por los denunciados para su lucro personal o, "en su caso, el incumplimiento de los deberes de información y participación en la gestión del delito societario".

En el recibo de algunas de las provisiones de fondos que solicitaba el letrado, entre 60.000 y 180.000 pesetas, figuraba el sello de la asociación.

La semana pasada, el Colegio de Abogados de Vizcaya impuso a Carlos Gómez Menchaca la sanción más dura prevista en su código deontológico, dos años de inhabilitación profesional, por considerar que su forma de trabajar "atenta contra la ética profesional". Según la resolución del Colegio, motivada por la denuncia de cinco afectados de la asociación, Menchaca descuidó tanto la información como algunos de los procedimientos de sus clientes, hasta convertir alguno de ellos "en casos sin solución posible".

Menchaca y sus hermanos recurrieron esa sanción al Consejo Vasco de la Abogacía y, para responder a lo que califican de "campaña de persecución contra nosotros", interpusieron una querella por prevaricación contra toda la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vizcaya.