Cinco vocales del Poder Judicial critican la pasividad del Gobierno con la justicia

Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaron ayer una declaración en la que critican la "notoria pasividad" y la "atonía" del Gobierno y de las Cortes frente a las 107 propuestas que el CGPJ les presentó el pasado mes de julio bajo la rúbrica "Del modo de arreglar la justicia". El documento critica la lenta tramitación del plan de choque del ministro de Justicia, Ángel Acebes, que, en opinión de los firmantes, "tendrá escasa relevancia" cuando se apruebe. Anoche, el PP salió en tromba a contrarrestar la propuesta.

Los promotores del escrito, que va a ser sometido el jueves al Pleno del Consejo del Poder Judicial, expresan su "preocupación" por "la notoria pasividad" con que parece han sido recibidas las 107 propuestas de reforma de la Justicia remitidas a las altas instituciones el pasado mes de julio. En su declaración, los cinco consejeros proponen que el CGPJ demande "la ruptura de la atonía existente" y "la puesta en marcha por el Gobierno del debate jurídico-político que exige la realidad de un sistema judicial que difícilmente puede y podrá cumplir en el futuro la exigencia constitucional de la tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos".Los cinco firmantes del proyecto de declaración son el vicepresidente del Consejo, Luis López Guerra, y los vocales Javier Moscoso, Elisa Veiga y Ángeles Huet, todos ellos propuestos por el PSOE, así como el vocal Ramón Sáez, propuesto por IU.

Los proponentes critican explícitamente por primera vez la gestión del ministerio de Justicia, al significar que la responsabilidad de los demás poderes públicos "se ha limitado a la lenta tramitación de una ley conocida como de medidas de choque que tendrá, cuando se apruebe, escasa relevancia en el funcionamiento de la Administración de Justicia y poco más".

Previamente, explican en su declaración que desde el momento mismo de su constitución, en 1996, el Consejo del Poder Judicial proclamó como objetivo prioritario el de impulsar "un pacto político de Estado" que afrontara la problemática de la Justicia.

La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, apoyó íntegramente "el análisis y el diagnóstico" de este grupo de vocales y dijo que su asociación ha reclamado "que se desarrolle el contenido del Pacto de Estado por la Justicia y se inicie una ronda de negociaciones con las asociaciones judiciales para abordar las reformas necesarias".

La declaración de este grupo de vocales iba a ser llevada a debate al Pleno del próximo jueves, pero su difusión anticipada provocó a última hora de ayer una salida en tromba del portavoz parlamentario de Justicia del PP, Andrés Ollero, que atribuyó el escrito al debate del plan de choque en el Parlamento el próximo jueves; del portavoz del Consejo del Poder Judicial "a título personal", Benigno Varela, y de éste mismo en otro grupo de siete vocales del Consejo, que pidieron la aprobación de una contrapropuesta que "ponga de relieve su satisfacción por la celeridad y eficacia" del Ministerio de Justicia con iniciativas como el Pacto de Estado y plan de choque.

Los vocales que expresaron su satisfacción por la gestión de Acebes fueron los nombrados a propuesta del PP: Enrique Arnaldo, Benigno Varela, Margarita Retuerto, Manuel Damián Álvarez, Marcelino Murillo, Rubén Antonio Jiménez y el de Coalición Canaria, Rafael Fernández Valverde. El escrito fue presentado ayer tarde para que fuera incluido en el mismo Pleno del CGPJ del jueves próximo.

El Consejo del Poder Judicial aprobó el pasado mes de julio un catálogo de 107 propuestas para alcanzar el Pacto de Estado por la Justicia, confeccionadas a partir de las sugerencias aportadas por los tribunales superiores de las comunidades autónomas y por el Tribunal Supremo.

Entre esas 107 propuestas del Poder Judicial para la reforma de la Justicia figuran la atribución del recurso de casación a los tribunales superiores en el ámbito de cada comunidad autónoma, reservando al Tribunal Supremo la función supervisora y unificadora de la jurisprudencia. También se propone la atribución de la instrucción penal al ministerio fiscal, quedando reservado al actual juez instructor el papel de juez de garantías.

Según el grupo de vocales críticos, lo único que les ha llegado hasta el momento sobre las propuestas ha sido el "acuse de recibo", explicó uno de los firmantes.