El PSE propone subir el 'salario social' un 23% y bajar la edad de los perceptores a los 18 años La proposición será debatida en el Parlamento y si se aprueba se aplicará el 1 de enero

El Partido Socialista ha presentado dos proposiciones no de ley en el Parlamento vasco que si son aprobadas por el pleno pueden cambiar sustancialmente la legislación actual en la lucha contra la pobreza. Los socialistas plantean un aumento de un 23,69% del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social, que pasaría de 50.000 pesetas mensuales a 61.845. Además, también propone que se baje la edad de los beneficiarios del IMI de los 25 años que se exige tener en la actualidad para cobrar la prestación, a los 18. De esta forma, se facilitaría a los más jóvenes una salida del hogar en el caso de que quieran independizarse, pero no dispongan de los recursos suficientes para hacerlo.

Falta de recursos

Las dos proposiciones no de ley fueron registradas en el Parlamento el pasado viernes, por lo que el debate se producirá, si se cumplen los plazos habituales, a mediados del próximo mes. De aprobarse ambas propuestas, la intención de los socialistas es que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Se trata de dos cuestiones que ya se están analizando en el seno de la ponencia parlamentaria que elabora la Carta Social. Pero aunque el proyecto de la Carta Social se apruebe en 2000, al menos pueden pasar uno o dos años hasta que se desarrolle legislativamente. Mientras no se defina otro criterio de renta universal y se plasme a través de decretos, lo que hoy existe es el salario social. En este momento, el IMI tiene una cuantía de 50.815 pesetas por perceptor (según el decreto de 31 de diciembre de 1999). A estas alturas y con prórroga presupuestaria a la vista, el Gobierno no ha dicho la cuantía del IMI que va a determinar para el próximo año. Así, lo que hace el PSE con sus iniciativas es adelantarse y poner una propuesta encima de la mesa para que los posibles beneficiarios pueden aprovecharse de la subida lo antes posible.

Según la autora de la proposición no de ley, Gemma Zabaleta, la cuantía del salario social a partir de enero debe ser el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el primer perceptor, del 0,25% para el segundo miembro de la familia y del 0,15% para el tercer perceptor de la misma familia, no pudiéndose superar la cuantía global en una unidad familiar del 125% del SMI. En el texto se aclara que para cuantificar la prestación se debe coger globalmente el montante del SMI (70.680 pesetas al mes por 14 pagas anuales), obtener de ahí el 75% y dividirlo en 12 mensualidades, lo que da 61.845 pesetas cada mes.

De esta forma, el primer beneficiario de una familia cobraría las 61.845 pesetas y si son dos personas se llegaría a las 70.680 pesetas. Así hasta un máximo de 110.000 pesetas, independientemente de los miembros que haya en la unidad de convivencia.

La segunda propuesta de Zabaleta supone una modificación de la Ley contra la Exclusión Social con el fin de que el actual IMI se pueda percibir a partir de los 18 años. De prosperar la propuesta, supondría un cambio muy importante tal y como está concebida la ley en este momento. Ni siquiera en el documento que probablemente apruebe la Carta Social figura un avance de este tipo, ya que no entra a determinar la edad de los posibles beneficiarios. La proposición del PSE se basa en los datos que arroja el último estudio de pobreza y desigualdad social realizado por el Gobierno en el año 2000, que dedica un capítulo a los problemas que tiene un importante colectivo de ciudadanos vascos para independizarse. La radiografía muestra que en la comunidad autonóma existen 156.608 personas que desean constituir un hogar independiente y no pueden hacerlo. Representan el 17,7% de la población total de 18 a 44 años. Son jóvenes, de los que 132.609 explican que no pueden irse de su casa familiar por falta de recursos económicos. En el caso de disponer del dinero suficiente, 31.576 personas señalan que quieren marcharse con total seguridad este mismo año, lo que supone un 3,6% del total de personas de 18 a 44 años.

"Es cierto", indica Zabaleta, "que entre este colectivo se halla un porcentaje importante de personas ocupadas, pero hay una cantidad suficiente de los mismos, parados o inactivos, que desearían independizarse a medio o largo plazo". Por lo tanto, según la parlamentaria socialista, este grupo es susceptible de una aplicación de la Ley contra la Exclusión Social que pudiera conseguir de cada uno de ellos, "el logro de una vida independiente, aliviando por consiguiente la renta familiar de la que dependen".

Del estudio sobre la pobreza se desprende la conclusión de que los problemas de independización no resueltos por problemas económicos tienden a aumentar durante el último cuatrienio. Zabaleta subraya que a estos jóvenes "hay que darles una salida" y añade que no hay que modificar las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo de Inserción, en cuanto a acreditar un estado de necesidad, para ampliar la cobertura hasta los 18 años.