Un decreto del Gobierno andaluz ampliará las indemnizaciones a presos políticos

El Gobierno andaluz aprobará antes de final de año un decreto que ampliará el régimen indemnizatorio seguido por el Estado para presos y represaliados políticos. Esta medida, anunciada por la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, en una respuesta parlamentaria, sigue la estela de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz en la pasada legislatura, en la que se instaba al Gobierno central a corregir el censo de andaluces que no fueron beneficiados por las ayudas estatales previstas en la Ley de Presupuestos de 1990, al no superar los tres años de privación de libertad exigidos."El Ejecutivo de Aznar, una vez más, ha dado la espalda a Andalucía y ha hecho caso omiso al requerimiento de la Junta", manifestó ayer la diputada y secretaria general del grupo parlamentario socialista, Elena Víboras, que en días pasados formuló una pregunta a la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, sobre las medidas que iba a adoptar el Ejecutivo andaluz para regular definitivamente el marco de ayudas a los andaluces que estuvieron privados de libertad por motivos políticos.

Ante el silencio del Gobierno central, la Junta optará por aprobar un decreto que incorporará novedades significativas respecto a las ayudas estatales de hace diez años. Así, se eliminará el requisito de edad del represaliado para causar derecho a la indemnización (el Estado exigía que se tuviera la edad de 65 años) y se amplía el régimen indemnizatorio, no sólo a quienes estuvieron más de tres años privados de libertad en establecimientos penitenciarios, sino también a los que estuvieron "en unas condiciones que en algunos casos fueron tan duras o más que el régimen de prisión", afirma la diputada socialista, quien no concretó a cuántos andaluces beneficiará la medida del Ejecutivo andaluz.