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La Diputación de Guipúzcoa acusa al Ejecutivo central de hacer "una utilización partidista" del Plan Urban

El País

La noticia de que la bahía de Pasajes tiene garantizada su regeneración urbana e industrial con 4.024 millones de pesetas de fondos europeos ha generado un clima de desencuentro entre las instituciones. Todas tratan de reclamar su protagonismo en el impulso definitivo del proyecto, tras su selección por el Ministerio de Hacienda para recibir el apoyo económico del Plan Urban de la Unión Europea. La portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, Koruko Aizarna, acusó ayer al Gobierno central de hacer "una clara utilización e instrumentalización en beneficio partidista" de esta inyección económica "cuya solución final está en Bruselas". La UE aportará 2.012 millones de pesetas y otro tanto correrá a cargo de las instituciones central, vasca, foral y de los ayuntamientos de la zona.

Las críticas de Aizarna fueron en todas las direcciones. Metió en el mismo saco al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el alcade de San Sebastián, Odón Elorza, y la teniente de alcalde, María San Gil, a los que calificó de "aprovechados". A su juicio, la rueda de prensa que ofrecieron los tres el pasado viernes tuvo como objetivo "vender una imagen y demostró una falta de respeto institucional".

La respuesta de San Gil llegó de inmediato. La edil popular tachó la actitud de Aizarna de "mezquina" por reaccionar "con una pataleta absolutamente desmerecida" en lugar de "lanzar las campanas al vuelo por la alegría de la noticia". La concejal defendió que Montoro compareció en San Sebastián para explicar la selección de la candidatura y no para colgarse medalla alguna.

Aizarna sí defendió la apuesta de Diputación, que se concreta de momento en 2.482 millones de pesetas. Destacó que la consecución de las ayudas llega "fruto de un consenso" y apuntó que el desarrollo del proyecto va a requerir de "la suma de voluntades y recursos por todas las partes implicadas". Todo, durante una comparecencia en la que notificó la aprobación del proyecto de ejecución de la glorieta de Errotaburu (1.247 millones), que ordenará el tráfico en una zona en la que confluyen la A-8, la N-I y otros viales donostiarras.

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