Empecinamiento

Al día siguiente de que Francia y el Reino Unido anunciaran descensos en sus tasas de inflación, el Instituto Nacional de Estadística informa de que el IPC ha aumentado en España tres décimas en el mismo mes de octubre y que la tasa anual sube hasta el 4%. Comportamientos tan divergentes en países de una misma zona económica y que sufren el mismo desafío del encarecimiento del crudo dicen mucho sobre la seriedad con que unos u otros se toman el control de los precios y las políticas activas para combatir la inflación.La inflación subyacente, que excluye productos energéticos y alimentos frescos, subió en octubre una décima, hasta el 2,8% interanual, lo que alienta el temor de que se mantenga la tendencia alcista. Pese a ello, frente a la evidencia de la mala evolución de los precios, el Gobierno sigue haciendo un discurso escapista. Ayer, el secretario general de Política Económica reincidía en atribuir el repunte inflacionista a la depreciación del euro, causante, según él, de la caída de medio punto en la inflación acumulada en lo que va de año. El Ejecutivo no se da por enterado de que los hechos desmienten con tozudez sus excusas. Ya no se puede argumentar que el crecimiento es responsable de una mayor inflación relativa, puesto que las tasas de crecimiento de España y el resto de los países de la zona se están aproximando; tampoco se puede agitar en exclusiva el espantajo del petróleo y del euro sin exponerse a la pregunta incómoda de por qué afectan menos a los precios de otros países.

La inflación de octubre coloca a la economía española en posición muy delicada. Gracias en parte a la pasividad del Gobierno, que no ha sido capaz de enfrentarse a las liberalizaciones efectivas en los mercados estratégicos -combustibles, electricidad, comunicaciones, transporte-, el encarecimiento de la energía y la permanente sobreinflación en los servicios han acabado por contaminar a los precios de las manufacturas. El Ejecutivo ha perdido la credibilidad sobre las previsiones para defender la moderación salarial; lo probable es que, a partir de ahora, trabajadores del sector privado y funcionarios empiecen a proteger su poder adquisitivo con las cláusulas de revisión de los convenios o demandando a la Administración subidas superiores a las de los Presupuestos. Por lo pronto, la revisión de las pensiones puede costarle al Estado unos 300.000 millones. A la larga resultará mucho más caro el empecinamiento en mantener el objetivo de inflación en el 2%, como si la realidad estuviese equivocada. Trabajadores y consumidores ya están comprobando en sus carnes que el Gobierno no pone en pie una política económica capaz de frenar el deterioro de sus rentas. Los buenos tiempos han cambiado.