Los auditores de la UE amonestan a los Quince por malgastar el presupuesto

El Tribunal de Cuentas de la UE reprocha en su informe anual del ejercicio 1999 "las debilidades graves y persistentes en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros". Aunque la responsabilidad política de las cuentas anuales del dinero comunitario corresponde a la Comisión Europea, en realidad son los Estados los causantes de hecho de la inmensa mayoría de las irregularidades de gestión que año tras año detecta el auditor europeo. En lo que empieza a ser una tradición, el tribunal ha negado por sexta vez su aval a las cuentas comunitarias.

Cifra elevada

La Comisión Europea reaccionó ayer sin dramatismo al informe del Tribunal de Cuentas, pese a que es el primero que afecta directamente al Colegio de Comisarios que preside Romano Prodi, operativo desde octubre de 1999. La comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, admitió ayer que la ley otorga al Ejecutivo comunitario el 100% de la responsabilidad política sobre las cuentas, aunque destacó que Bruselas gestiona menos de la quinta parte del dinero y los Estados, más del 80%.

Reformas

Uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, el británico John Wiggins, subrayó esa contradicción. "Sería injusto echar la culpa a la Comisión de problemas que corresponden a las administraciones nacionales", reconoció, a pesar de sus críticas feroces a lo que considera que no son fraudes, pero sí gastos excesivos debido a un conjunto de normas de gestión demasiado complejas.

Al igual que el año pasado, el Tribunal no ha cuantificado el dinero utilizado de forma indebida, pero sí ha concluido que esa cifra es lo bastante elevada como para impedirle otorgar su certificado de fiabilidad a las cuentas comunitarias. Un reproche que se sucede año tras año desde hace seis ejercicios.Fuentes del tribunal cifraron esos gastos irregulares en una horquilla situada entre el 2% y el 4% del gasto total, como en años anteriores. Eso supondría que entre 1.800 millones de euros y 3.600 millones de euros (de 300.000 a 600.000 millones de pesetas) han tenido un uso irregular y en ocasiones fraudulento. De ese total, la Comisión Europea acaba recuperando cada año alrededor de 900 millones de euros, según las cifras de los auditores.

La agricultura es uno de los capítulos de gasto más señalados por el dedo acusador de los auditores. Fuentes cercanas al comisario de este ramo, el austriaco Franz Fischler, defendieron ayer que ese nivel de irregularidades detectado es semejante al que se tolera en las administraciones nacionales. "En Austria, un nivel de irregularidades que no supere el 5% del gasto total se considera admisible", pusieron como ejemplo esas fuentes. A juicio del director general de Presupuestos de la Comisión Europea, Jean-Paul Mingasson, el hecho de que no haya límites nacionales establecidos para medir el grado de mala gestión de los presupuestos nacionales acaba convirtiéndose en un agravio para Bruselas. "No tenemos una referencia con la que comparar", destacó ayer. Pero "estamos todos en el mismo barco", afirmó en alusión a la responsabilidad que los Estados miembros comparten con la Comisión en las críticas del Tribunal de Cuentas.

Los auditores destacan que las reformas puestas en marcha por la Comisión están en línea con las críticas manifestadas en el pasado por el Tribunal de Cuentas, y admiten que todavía no ha habido tiempo para que esas propuestas se hayan podido aplicar o hayan dado sus frutos. "Hasta que las estructuras y procedimientos no estén establecidos y funcionando realmente no será posible apreciar si se obtienen las mejoras previstas en la gestión financiera", reconocen.Pero añaden que "las mejoras realizadas por la Comisión (...) sólo constituyen una parte de lo que se necesita para mejorar la gestión de los fondos comunitarios". "Los Estados miembros son responsables de la gestión cotidiana de la mayor parte de los fondos del presupuesto comunitario , en los ámbitos de la Política Agrícola Común y de los Fondos Estructurales", insisten.