La isla acoge etarras desde 1984 por un acuerdo con el Gobierno socialista

La política de deportación

Cuba viene acogiendo etarras desde 1984 en función de "un acuerdo" en ese sentido "con el Gobierno socialista de Felipe González que piensa seguir cumpliendo". Así de categórico se mostró su presidente, Fidel Castro, en febrero de 1998, en La Habana, ante una delegación del PNV que se interesó por la situación de ese grupo. Iñaki Anasagasti y Joseba Egibar, portavoces del partido que preside Xabier Arzalluz, informaron entonces de que, según Castro, "la disposición cubana era la de no crear problemas" con su actitud hacia los miembros o ex miembros de la banda terrorista afincados en su territorio.En esa época, ya con el PP en La Moncloa, las relaciones entre el Ejecutivo español y el cubano eran muy tensas tras la retirada por parte de las autoridades isleñas del plácet a José Coderch como embajador. José María Aznar insistía en que el régimen castrista había utilizado su política de asilo a los etarras como un resorte de presión en sus relaciones con España y le exigía garantías de que no ampararía a ningún prófugo de la justicia española ni permitiría el regreso a la clandestinidad de los militantes residentes en la isla.

La reclamación del Ejecutivo español en su diálogo con el cubano respondía, entre otras razones, a su convicción de la simpatía de ETA y HB por la revolución castrista y la participación directa de etarras en la sandinista, que contó con el pleno apoyo de Cuba. Por ejemplo, Eusebio Arzalluz Tapia, Paticorto, considerado como uno de los máximos responsables del aparato logístico de la organización terrorista, intervino activamente en la lucha planteada a la contra nicaragüense.

Cuba, en efecto, fue el destino, en el marco de la política de deportación negociada por el Gobierno socialista con Francia, de diversos activistas de ETA, algunos de ellos, como Jesús Abrisqueta Corta, Txutxo, y José María Larretxea Goñi, acusados del asesinato del capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983. Ambos, junto a José Antonio Múgica Arregi; Carlos Ibarguren, Nervios; José Ángel Urteaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio cursaron estudios universitarios en la Universidad de La Habana y recibieron subvenciones económicas del régimen castrista, que les dio trato de representantes políticos.Más recientemente, en mayo de 1998, con ocasión del desmantelamiento de parte del entramado financiero de ETA y su entorno en una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, se descubrió que varias de las empresas legales de la banda han invertido decenas de millones de pesetas en Cuba en los últimos años. Así, según el juez, la sociedad Gadusmar, de Bermeo (Vizcaya), se constituyó en Bilbao en diciembre de 1994, y dos años más tarde, en 1996, nombró a Nervios y a Agustín Azkarate Itxaurrondo, Kapela, como sus apoderados en la isla.