Los alcaldes piden un nuevo modelo policial en el área metropolitana

Barcelona - 09 nov 2000 - 00:00CET

Una gran metrópolis

Los alcaldes socialistas de Barcelona y su área metropolitana han expresado en los últimos meses sus quejas por lo que consideran un incremento de la inseguridad ciudadana y déficit de policías, pero más allá de las palabras han decidido pasar a la acción. Hoy está previsto que presenten un manifiesto conjunto en el que reclaman un nuevo modelo policial para esta zona coincidiendo con el despliegue que los Mossos d'Esquadra tienen que realizar en los próximos años. En síntesis, los alcaldes consideran que el modelo que se ha utilizado en Lleida y Girona para sustituir al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por los Mossos no sirve para el área metropolitana porque es una zona geográfica en la que residen tres millones de personas y con una realidad social distinta a la de aquellas comarcas.

Los alcaldes reclaman una participación activa en el despliegue de la policía autonómica y una intervención directa en las decisiones políticas que hasta ahora han adoptado únicamente el Ministerio del Interior y la Generalitat. En la tarde de hoy, la Mancomunidad de Municipios aprobará la creación del Consejo de Seguridad Metropolitana. Se trata, afirman los alcaldes en su manifiesto, de un organismo que debe servir para coordinar todos los cuerpos policiales y todas las administraciones y que en el futuro acabará convirtiéndose en la Administración responsable en materia de seguridad, bajo la presidencia de un alcalde.

La propuesta que hoy realizarán los alcaldes será trasladada en los próximos días al consejero de Interior de la Generalitat, Xavier Pomés, quien ya ha expresado su intención de dialogar con los ayuntamientos, pero sin modificar el nuevo modelo policial que se está implantando en Cataluña, cuya eficacia cuestionan los ediles para el área metropolitana.

Los alcaldes afirman que el sistema de seguridad en Cataluña empieza a hacerse insostenible

Los alcaldes afirman que el modelo seguido hasta ahora por la Generalitat no tiene en cuenta el territorio de Cataluña porque se ha basado en convenios bilaterales entre la Administración autonómica y el municipio afectado. Ese criterio, asegura el manifiesto, no vale para el área metropolitana de Barcelona, donde viven más de tres millones de personas -contando las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, todo el Vallès y el Garraf- en poco más del 4% del territorio catalán. A eso ha de añadirse que Barcelona y su área metropolitana registran un gran movimiento de personas, debido al turismo y a otras actividades turísticas, que provoca la necesidad de abordar la seguridad ciudadana como si se tratara de una gran metrópolis europea.El manifiesto entiende que la actual situación de transición debe acortarse cuanto antes y que para evitar "una situación indeseada de deterioro de la seguridad" en los municipios metropolitanos, el despliegue de la policía autonómica debería haber culminado en esa zona en 2004 con plantillas "suficientes, completas y efectivas". En este sentido, los alcaldes socialistas sostienen que los actuales agentes de la Guardia Civil y la policía nacional no deben ser sustituidos, sino que el despliegue previsto debe incorporarlos y, después, aumentar las plantillas. Este planteamiento choca frontalmente con el modelo aplicado hasta ahora por el Departamento de Interior de la Generalitat, que ha establecido en Girona y Lleida cupos del 15% para los agentes de los cuerpos estatales que deseasen incorporarse a los Mossos d'Esquadra.

Los alcaldes perfilan incluso la proporción de agentes de cada cuerpo que, según ellos, debería quedar en el futuro por cada 1.000 habitantes: 1,2 guardias urbanos; 2,2 policías generales (sean procedentes del CNP o de los Mossos) y un policía estatal (policías nacionales o guardias civiles). En total, 4,4 agentes por cada 1.000 habitantes.

En cuanto al papel futuro que han de tener los agentes de la Guardia Urbana, los alcaldes aseguran que se trata de agentes muy integrados al territorio, a los que los ciudadanos identifican como una policía preventiva y de proximidad. Por ello, aseguran los ediles, ese papel de larga tradición debe ser "especialmente considerado, reconocido y garantizado" en la fórmula de despliegue policial que finalmente se adopte.

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