Los alcaldes piden un nuevo modelo policial en el área metropolitana

Los alcaldes afirman que el modelo seguido hasta ahora por la Generalitat no tiene en cuenta el territorio de Cataluña porque se ha basado en convenios bilaterales entre la Administración autonómica y el municipio afectado. Ese criterio, asegura el manifiesto, no vale para el área metropolitana de Barcelona, donde viven más de tres millones de personas -contando las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, todo el Vallès y el Garraf- en poco más del 4% del territorio catalán. A eso ha de añadirse que Barcelona y su área metropolitana registran un gran movimiento de personas, debido al turismo y a otras actividades turísticas, que provoca la necesidad de abordar la seguridad ciudadana como si se tratara de una gran metrópolis europea.El manifiesto entiende que la actual situación de transición debe acortarse cuanto antes y que para evitar "una situación indeseada de deterioro de la seguridad" en los municipios metropolitanos, el despliegue de la policía autonómica debería haber culminado en esa zona en 2004 con plantillas "suficientes, completas y efectivas". En este sentido, los alcaldes socialistas sostienen que los actuales agentes de la Guardia Civil y la policía nacional no deben ser sustituidos, sino que el despliegue previsto debe incorporarlos y, después, aumentar las plantillas. Este planteamiento choca frontalmente con el modelo aplicado hasta ahora por el Departamento de Interior de la Generalitat, que ha establecido en Girona y Lleida cupos del 15% para los agentes de los cuerpos estatales que deseasen incorporarse a los Mossos d'Esquadra.

Los alcaldes perfilan incluso la proporción de agentes de cada cuerpo que, según ellos, debería quedar en el futuro por cada 1.000 habitantes: 1,2 guardias urbanos; 2,2 policías generales (sean procedentes del CNP o de los Mossos) y un policía estatal (policías nacionales o guardias civiles). En total, 4,4 agentes por cada 1.000 habitantes.

En cuanto al papel futuro que han de tener los agentes de la Guardia Urbana, los alcaldes aseguran que se trata de agentes muy integrados al territorio, a los que los ciudadanos identifican como una policía preventiva y de proximidad. Por ello, aseguran los ediles, ese papel de larga tradición debe ser "especialmente considerado, reconocido y garantizado" en la fórmula de despliegue policial que finalmente se adopte.