Inseguridad y sociedad del riesgo ROBERTO BERGALLI

Quien haya seguido las informaciones periodísticas del verano pasado, respecto al sentimiento de inseguridad que parece haber asolado a los vecinos de Barcelona -sobre todo a aquéllos del Casc Antic y el Raval-, habrá advertido la existencia de un eje en torno al cual se elaboraban casi todas esas informaciones. Inmigrantes, patrullas urbanas, crisis policial, multirreincidencia, fueron los elementos que constituyeron ese eje. De aquí los reclamos municipales y del gobierno civil para mejorar las dotaciones policiales, cuando no (!) para cambiar la legislación penal, si fuera necesario. Pero, superados los calores y, por lo visto, disminuido el turismo, esas noticias desaparecieron de los periódicos. Para fundamentar tales reclamos, las autoridades se justificaban en unos datos que únicamente son utilizados por ellas y difundidos por la opinión publicada (desde los gabinetes de prensa oficiales). A tales datos se les otorga, así, una categoría de verdad revelada.De ellos no fue posible extraer la relación entre los elementos que parecían configurar la tormenta de la inseguridad veraniega; bien al contrario, las contradicciones y las ambigüedades se hicieron evidentes. Por una parte, se atribuía a un número indeterminado de "niños magrebíes" la autoría de la ola de tirones de bolsos y otras raterías. Por otra, se intentaba demostrar que algunas patrullas de vecinos estuvieron constituidas por representantes de otra comunidad cultural, la cual parecía controlar ciertas actividades comerciales en el corazón del barrio. Mientras el alcalde de Barcelona, Joan Clos, pedía desde Roma un mayor ingreso de inmigrantes, dada la escasez de mano de obra, y demostraba la escasa representación de aquéllos en los índices de delincuencia del Raval, se informaba en los medios de una elevación de tales índices según las encuestas de victimización, a pesar de que la comisaría de Ciutat Vella anunciaba un descenso de delitos y faltas denunciados en lo que iba de año. Pero, a mi juicio, nadie explicó de forma fehaciente a qué se debió ese sentimiento de inseguridad del que hablaban los cronistas.

Como digo, la tormenta pasó, por lo menos para los medios de comunicación. Mientras tanto, quienes leemos los periódicos y seguimos las noticias por la radio, nos hemos quedado en la inopia acerca de los motivos reales de esa sensación de inseguridad que nos transmitieron los medios y las manifestaciones de las autoridades. Algo semejante quedó como impresión generalizada con los sucesos de El Ejido o con los de Ca n'Anglada. Todo esto es parte de una ya conocida historia que siempre se oculta. Y se oculta detrás de la manipulación de unos datos cuyas fuentes, elaboración y difusión no pueden ser nunca controladas por el público. No obstante, está ampliamente demostrada la escasa fiabilidad de las encuestas de victimización, sobre todo cuando han sido confeccionadas en los mismos ámbitos donde se tienen que aplicar o bien por expertos contratados, con jugosas ganancias, desde esos mismos ámbitos para que los resultados puedan justificar las medidas que se adopten. Pero tan grave o más es todavía la utilización policial de unas estadísticas realizadas sin ninguna posibilidad de que puedan ser analizadas, ni antes ni después de su divulgación, por los investigadores sobre el control de la criminalidad. Su conocimiento o acceso está siempre vedado aquien no pertenezca a las instituciones policiales, y esto es una constante de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en España. Detrás de la inseguridad siempre se esconden elementos que deben descubrirse.

En el Raval, y a pesar de las buenas intenciones de renovación urbana, deberían tenerse en cuenta los niveles de deterioro y degradación edilicia, muchas veces causantes de auténticos dramas (incendios, accidentes, explosiones) que ponen en peligro vidas humanas o generan sus pérdidas. También la especulación es un motivo claro del hacinamiento y la promiscuidad, cuando no los arrendamientos abusivos o la falta de acondicionamiento de los edificios por sus propietarios que originan enfermedades o insalubridad. Así las cosas, la inseguridad se presenta siempre como un riesgo para la integridad física o una puesta en peligro de bienes materiales. Esta es la idea que ha prevalecido en España cuando la Constitución de 1978 introdujo el concepto de seguridad ciudadana como uno de los principios guía de la actividad policial. A mi modo de ver, semejante idea contrasta con el fin social del Estado democrático de derecho, que presume una cobertura sobre tantas otras necesidades que van desde la salud a la vivienda, pasando por la educación, el trabajo, el tráfico automotor, los accidentes laborales y la seguridad en la tercera edad. La inseguridad que atraviesa todas estas situaciones es la de la sociedad del riesgo de la que habla una cierta sociología, y es respecto de ella que debe actuarse. La otra inseguridad, de la que meramente deben encargarse las policías, es la que da margen a su instrumentalización. Pero ya sabemos en qué época vivimos: la del espectáculo y la hipocresía, que son las armas del éxito político, antes que el servicio público y la sinceridad con los ciudadanos.

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminología y Política Criminal de la Universida d de Barcelona