El Gobierno legalizará a parte de los 57.000 inmigrantes a quienes denegó la regularización

El Gobierno ha accedido a abrir la mano a los inmigrantes que vieron denegada su petición de quedarse legalmente en España en el proceso, aún en marcha, de regularización extraordinaria de extranjeros. El PP aceptó ayer en el Congreso una enmienda del PSOE, ligeramente modificada, mediante la cual el Ejecutivo se compromete a elaborar un real decreto para que los inmigrantes a los que se les denegó su solicitud de regularización "exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999" puedan ser legalizados sin presentar de nuevo los papeles. El Gobierno ha denegado, a 30 de octubre, 57.646 de las 245.684 solicitudes de extranjeros presentadas.

123.619 solicitudes aceptadas

La disposición adicional que permitirá revisar los expedientes de quienes vieron denegada su solicitud de regularización fue apoyada unánimemente por todos los grupos, incluida Izquierda Unida, que había presentado una enmienda similar, pero en la que solicitaba la apertura de un nuevo proceso extraordinario.Los modos versallescos dominaron la sesión de la Comisión Constitucional del Congreso en la que los grupos políticos analizaron, artículo por artículo y enmienda por enmienda, el proyecto de reforma de la ley de Extranjería. El debate del texto de la llamada contrarreforma quedó casi en segundo plano -a pesar del alto grado de acuerdo alcanzado tras semanas de negociaciones- por la relevancia que alcanzó la aceptación por parte del Grupo Popular de la disposición adicional que abre una vía de solución al problema de los inmigrantes que iban a quedar excluidos.

La enmienda socialista reclamaba que los extranjeros que presentaron sus papeles antes del pasado 30 de julio, fecha final del proceso de regularización, y a los que se les ha denegado su petición sólo por no poder demostrar que estaban en España antes del 1 de junio de 1999, tuvieran una nueva oportunidad.

La portavoz socialista para asuntos de inmigración, Consuelo Rumi, había avanzado en los pasillos del Congreso la posibilidad de que el Gobierno aceptara la flexibilización del proceso de regularización, ya que se consideraba imposible expulsar a los miles de extranjeros que quedaban fuera del proceso.

La enmienda recogía la preocupación por el llamado "problema de los 50.000", la cifra de inmigrantes que se preveía que se iban a quedar sin papeles una vez acabado el proceso y sobre los que pendía la amenaza de expulsión. "El Gobierno nos decía que no se podía saber a cuántas personas iba a afectar, pero se comprometía verbalmente a estudiar el asunto, motivo por el que mantuvimos la enmienda", decía Rumi.

La intención era dar respuesta a todos los extranjeros que, "reuniendo todos los requisitos para poder estar en situación legal en España", no estaban aquí antes de la fecha prevista en la actual ley de Extranjería, según se decía en la enmienda inicial. "Son personas que están trabajando aquí y que no se las podía expulsar", agregó la diputada socialista. "Queda claro que no es un nuevo proceso de regularización", dijo la ponente del PP en la reforma, Ángeles Muñoz. "A nosotros no nos importaba la cifra de gente que se iba a quedar fuera, sino el propio hecho de que se quedaran fuera cuando están integrados", precisó

El PP recogió el testigo de la propuesta socialista y ayer hizo suya la enmienda con una ligera matización. La propuesta socialista comenzaba diciendo "el Gobierno adoptará las medidas necesarias que permitan...". La presentada ahora por el PP sólo cambia el inicio y dice textualmente: "El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá los requisitos que permitan, sin necesidad de presentar nueva documentación, la regularización de los extranjeros que se encuentren en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de julio de 1999".

Durante todo el proceso, un total de 245.684 inmigrantes presentaron sus papeles para poder quedarse regularmente en España. El Gobierno ha resuelto ya 185.663 solicitudes, de las que ha aceptado 123.619.No obstante, 57.646 extranjeros han visto rechazada su petición. "Evidentemente la enmienda no va a afectar a todos, pero si a la mayoría. Sólo en Almería hay 10.000 personas en esa situación", precisó Rumí.

El grado de acuerdo sobre la mayor parte del texto de la ley quedó patente durante una complicadísima votación que se prolongó hasta las nueve de la noche. Los partidos que se han mostrado más proclives a alcanzar un acuerdo sobre el nuevo texto de la ley (PP PSOE, CiU y CC) dieron su apoyo conjunto a importantes bloques de la nueva regulación, frente a la abstención, casi sistemática, de IU y PNV.

Fuentes de Interior expresaron ayer su satisfacción por el alto grado de acuerdo alcanzado por la ley y mostraron su convencimiento de que PSOE, CiU y CC apoyarán el texto final en su votación en pleno. "Otra postura de la oposición no se entendería", señalaron estas fuentes.