El PP ofertó un solo millón por cancelar los 30,9 del crédito con la Caja General

La gerencia del Partido Popular de Granada ofertó el pasado 19 de octubre mediante una carta a la Caja General de Ahorros la cancelación de un préstamo por el que reclamaba 30,9 millones a cambio de desembolsar un millón de pesetas. La petición fue aceptada al día siguiente por La General, cuyo comité de Recuperaciones avaló la operación. El 25 de octubre el PP retiró dos demandas planteadas contra la caja y seis días después el Consejo de Administración aprobó, con una sola abstención, la liquidación de la deuda.La caja no puso reparos a las razones aducidas por el gerente provincial del PP, Ignacio Fernández Amador, en la carta que envió a la responsable del departamento de Recuperación de La General, María Luisa Luna. En ella el PP ofertó sin más cálculos la cancelación del préstamo número 890000621204 "a cambio de la entrega de un millón" de pesetas.

Los argumentos planteados por el PP para que la caja aceptara la oferta son diversos. Por un lado, dice la carta, es falso el título ejecutivo del préstamo, ya que en realidad fue solicitado con garantía personal por el ex presidente del partido, Alberto Martínez. Además, agrega el PP, los intereses de demora pedidos en el juzgado, que ascendían a 3,4 millones, son "incompatibles" con los moratorios, que superaban los 19 millones. Por último, el préstamo estaba prescrito y la liquidación que "pactaron las partes en la póliza no se corresponde aritméticamente con las cantidades que constan en la certificación expedida por la entidad de crédito" granadina.

En el caso de que el juzgado fallara en la reclamación en contra de la caja de Granada las costas del juicio, añadía el PP, superarían el millón ofertado.

La entidad de ahorros aceptó de inmediato el ofrecimiento a pesar de que la pérdida teórica sería de 29.9 millones. La caja granadina, en el procedimiento judicial emprendido contra el PP, pidió, además de los 8 millones de pesetas del capital inicial, 3,4 millones de intereses, otros 19.1 de demoras, más 283.214 pesetas de gastos y costas. En total, la reclamación era de 30.9 millones de pesetas.

Aunque el departamento de Recuperaciones calculó que la "pérdida teórica", a tenor del dinero reclamado en el juzgado, y aceptando el millón de pesetas, sería de 29,9 millones, planteó una operación para cancelar el préstamo que arrojaría un beneficio de 716.786 pesetas.

Para ello La General calculó que descontados los ocho millones del principal del crédito, que daba por perdidos, sólo cabía recuperar las 283.214 pesetas de los gastos y las costas. Dado que el PP ofrecía pagar un millón, la operación se cerró finalmente con un beneficio contable de 716.786 pesetas.

El Comité de Recuperación aceptó la solución planteada por la jefa del departamento y la trasladó a la comisión ejecutiva. Entre medias se produjo la retirada de las dos demandas judiciales presentas por el PP, una en contra de la designación de Fernando Rodríguez como director general, y la otra contra el cobro de las retribuciones por parte del presidente de la entidad, Julio Rodríguez, por no tener la condición necesaria de cargo ejecutivo.

Precisamente Julio Rodríguez defendió ayer en Granada que la cancelación del préstamo "ni fue ilegal ni ilegítima" y que cumplió todos los trámites preceptivos. Tampoco, añadió, "se ha hecho en secreto sino con toda la publicidad que requería". "No se ha condonado la deuda sino que se ha tratado de una cancelación con quita (...). Los responsables de la Caja General podemos mirar con la cabeza muy alta".