Las ONG denuncian la escasa ayuda pública a los miles de inmigrantes que llegan a Tarifa

El incremento de los desembarcos de inmigrantes indocumentados en el Campo de Gibraltar (Cádiz), y particularmente en Tarifa, desborda al Gobierno desde junio sin que éste haya incrementado suficientemente las medidas de atención humanitaria. Más de 10.000 africanos -extenuados, hambrientos y ateridos- han sido interceptados en la zona en lo que va de año, una cifra que cuadruplica la de todo 1999. Las ONG denuncian que, aun así, el Ejecutivo sigue sin establecer un dispositivo de asistencia adecuado. La ayuda sigue descansando en la labor de los voluntarios. Esta emergencia ha obligado a intervenir por primera vez en España a Médicos sin Fronteras, que se suma a Cruz Roja y Derechos Humanos en las críticas al Gobierno.

Ante la pasividad del Gobierno, Médicos Sin Fronteras (premio Nobel de la Paz y fundada en España en 1986) desplazó a Tarifa el 18 de septiembre a un equipo de urgencia con el fin de aportar a los inmigrantes los primeros auxilios -materiales y sanitarios- hasta que son devueltos por la Guardia Civil y la Policía a sus lugares de origen. El médico Tomás Padrón y el logista Albert Clavera permanecerán hasta abril en la localidad gaditana, que se ha convertido en el único punto del país donde su organización despliega un dispositivo de emergencia reservado para el Tercer Mundo. Para Clavera, resulta "tristísimo y una vergüenza que Médicos sin Fronteras tenga que actuar en España".Ayer mismo eran interceptados en Tarifa 150 inmigrantes, entre ellos cuatro bebés. El desvío de la ruta de los subsaharianos hacia el Estrecho tras la impermeabilización de la frontera en Melilla y Ceuta ha cambiado la situación desde este verano. Ante la imposibilidad de expulsarles de inmediato por la falta de convenios con sus respectivos países, los detenidos permanecen varios días bajo tutela gubernamental. Y es ahí donde se ve la pasividad.

La carencia de recursos en Tarifa ha obligado a improvisar soluciones excepcionales, como la reconversión del polideportivo municipal en campamento de urgencia. "Lo del polideportivo es inhumano", condena Nieves García, de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien acusa de dejadez a las Administraciones central y autonómica. Aunque su organización defiende un giro en la política inmigratoria que garantice la llegada de inmigrantes de forma legal como alternativa a la situación actual, como medida prioritaria plantea la apertura de un centro de acogida de emergencia.

El alcalde, Juan Andrés Gil (ex dirigente de IU), reclama igualmente la construcción de este centro para que los africanos reciban un trato "humanitario" y no tengan que depender de la solidaridad de las organizaciones y de los vecinos, que son quienes ahora se vuelcan en atenderles. Gil ha solicitado un plan de actuación, pero su petición no ha tenido éxito de momento. "A mí ya no me preocupa de quién es la competencia, está claro que no es nuestra y la hemos asumido", afirma.

Médicos sin Fronteras, por el contrario, sí lo tiene claro. "Hay mucha respuesta en el ámbito local, pero debe ser el Estado el que actúe y no girar la cabeza al otro lado", reprocha Clavera. Su organización elogia la respuesta individual de los propios guardias civiles, médicos, voluntarios y Protección Civil. "La gente hace más de lo que debiera; pero es el Estado", se queja, "el que tiene que actuar. Que en España, un país desarrollado donde todo va bien, se dé este trato a los inmigrantes es una vergüenza", insiste Clavera.

Mientras, la labor de las organizaciones humanitarias está garantizando la atención a los africanos desde junio. Cruz Roja, que lleva desde 1992 auxiliando a este colectivo, ha tenido que realizar un llamamiento urgente a la población en demanda de ropa y calzado. Los tarifeños aportaron cerca de 6.000 kilos. De un barrio de Langreo (Asturias) enviaron otros 2.500, y la propia Cruz Roja entregó un millar de mantas, 300 colchonetas y 1.500 juegos de higiene.

A pesar de la dedicación y entrega de unos 50 voluntarios en Tarifa, Cruz Roja no recibe fondos específicos de las Administraciones para esta labor, según su director de Recursos Humanos, José Cárdenas, quien advierte de que "ni el polideportivo ni las dependencias de la Guardia Civil son sitios idóneos".

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, reconoce que la situación se ha desbordado, pero no la califica de "colapso". Osuna asegura que se va a construir un centro de recepción de inmigrantes, pero el proyecto es aún tan vago que carece de fecha. De momento, sólo cabe esperar nuevas medidas provisionales. Una de las barajadas, según Osuna, es habilitar la cárcel vieja de Algeciras.