Justicia evalúa en 5.000 millones el coste de aplicar la ley Penal del Menor

El viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, aseguró ayer que la aplicación de la nueva ley Penal del Menor supondrá en el País Vasco un coste económico superior a los 5.000 millones. Parte de esta inversión está destinada al centro educativo de menores de Zumarraga, que según las estimaciones del Departamento de Justicia puede estar operativo para principios de 2001.El Gobierno autónomo pretende centralizar todo lo relacionado con la política de reinserción social del menor y asumir su papel de "única entidad pública responsable de las actuaciones" que se desarrollen en relación con dicha ley en Euskadi. "Queremos evitar desequilibrios territoriales, garantizar la igualdad y evitar duplicidades", según Muniategi.

Durante su intervención en la clausura de unas jornadas sobre la nueva ley, el viceconsejero de Justicia reveló que su departamento ha remitido al Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad en la que se pide al Ejecutivo central que retire la batería de medidas con las que el PP pretende reformar la ley, que aún no ha entrado en vigor. Muniategi aseguró que con esta reforma "se intenta prostituir" el texto legal "diseccionándolo y diferenciando a los menores en dos grupos en función del tipo de delito", en alusión a los relacionados con los delitos de la violencia callejera.

El viceconsejero aseguró que la reforma supone sostener una "legislación especial" que en algunos de sus apartados está "al borde de la inconstitucionalidad". Con todo, Justicia utilizó ayer una estadística para ilustrar qué incidencia penal tienen en los juzgados los delitos de todo tipo cometidos por menores de 16 y 17 años. Entre julio de 1996 y junio de 1997, los jueces vascos firmaron 493 sentencias firmes, de las que los delitos de orden público representaban el 4,7% del total (23 resoluciones), mientras que las amenazas, coacciones y atentados suponían el 0,4%. La estadística de Justicia revela además que sólo en tres casos las penas de prisión eran superiores a 24 meses, mientras que en la mayoría de los casos se recurría a arrestos y multas.