Castellón y Elche estudian las cifras

El último puesto al que la Generalitat ha relegado a la ciudad de Castellón entre las cuatro primeras de la Comunidad Valenciana en inversiones directas del Consell no ha sentado demasiado bien en el equipo de gobierno municipal del PP. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital de La Plana, Albert Fabra, señaló que debe estudiar las cifras para comprobar si los compromisos adquiridos en los últimos meses, sobre todo por Obras Públicas, han sido incluidos en los presupuestos. Fabra expresó su esperanza en que las cantidades que no aparecen territorializadas incluyan esos compromisos. Incluso sugirió que consignar pequeñas cantidades que expresen la "voluntad de llevar a cabo" algunos proyectos pendientes sería suficiente.En Elche, los grupos municipales del PP y Esquerra Unida, en la oposición, acusaron al alcalde, el socialista Diego Macià, de ser "poco reivindicativo" a la hora de exigir inversiones de la Generalitat. Elche ocupa el tercer lugar entre las ciudades de la Comunidad Valenciana con un volumen de inversión per cápita de 9.000 pesetas, de acuerdo con las inversiones territorializadas que recogen los presupuestos de la Generalitat para 2001.

Macià evitó cualquier comentario hasta que disponga de los datos oficiales. Pero Ángeles Candela, de EU, aseguró que las cifras demuestran que la ciudad "está castigada" por el PP. "En Elche no se invierte según su población, ni según lo que aporta vía impuestos", afirmó.

Rafael Ramos, del PP, sugirió que la Generalitat ha seguido "el criterio de equidistribución de los recursos". Pero añadió: "El PP local quiere que vengan más inversiones".

Vicente Rambla, en Alicante, evitó entrar al detalle sobre la distribución de inversiones en las primeras ciudades y sólo aludió al reparto provincial del gasto público, informa Ezequiel Moltó. El responsable de Hacienda sólo admitió que la provincia de Alicante, que representa un 30,62% de la renta de la Comunidad Valenciana y alberga al 34% de la población, recibirá el 37% de las inversiones de la Generalitat; mientras que la provincia de Castellón, con una 13% de la renta y un 12% de la población, acumula el 16%.

Al margen de la polémica entre las ciudades menos consideradas, la constitución de la empresa pública que debe ejecutar las obras pendientes para culminar el mapa escolar se ha convertido en la estrella de los primeros escarceos previos al debate de los presupuestos en las Cortes. Ramón Cardona, diputado de Esquerra Unida, sugirió que la empresa "no tendrá dinero para construir centros" y recordó cómo la Generalitat recurrió a todo tipo de artificios para intentar salvar el mapa escolar en la pasada legislatura. La federación de Enseñanza de CC OO fue más lejos y aseguró que los presupuestos han sido "redactados para confundir" y que Eduardo Zaplana y Manuel Tarancón "mienten" en materia educativa.