La nómina y el gasto corriente crecen un 8% en los presupuestos de 2001 y bajan las inversiones

La nómina de los empleados públicos y los gastos de funcionamiento ordinario de la Administración autonómica crecen un 7,51% y un 8,48%, respectivamente, en los presupuestos de la Generalitat para 2001, 35.000 millones sin tener en cuenta el personal de las empresas públicas y entidades autónomas. Sin embargo, las inversiones públicas bajan un 1,57%, en valores absolutos poco más de 2.000 millones de pesetas. Vicente Rambla, consejero de Hacienda, ha elaborado los presupuestos más restrictivos desde la llegada del PP al poder en julio de 1995 y, probablemente, los más realistas.

Las sucesivas liquidaciones del presupuesto de la Generalitat desde la llegada del PP al poder siguen una tendencia homogénea, los gastos estructurales de la administración autonómica se disparan mientras año tras año se repiten los recortes sobre las inversiones reales previstas a principios del ejercicio.La cuentas de 1999, por ejemplo, ilustran el caso. El coste del aparato de la Administración desbórdó en 36.000 millones las previsiones iniciales. Para hacer frente al desfase, las inversiones de la Generalitat se recortaron en unos 20.000 millones. La previsión inicial de gasto público se elevaba a 128.000 millones, pero los desembolsos correspondientes apenas sumaron 65.000.

Rambla, vinculado a la inspección de Hacienda antes de ocupar cargos de responsabilidad política en la Administración, parece haber introducido un principio de realismo en la elaboración de los presupuestos de 2001. Los gastos corrientes, que suman cerca de un 80% del presupuesto, crecen por encima de la media, mientras que las transferencias de capital quedan por debajo y las inversiones reales se recortan. El crecimiento de la nómina, en 35.000 millones, persigue adaptar las previsiones de gasto a la realidad, como el aumento de 10.000 millones en el gasto corriente.

Rambla intentó el lunes salvar la cara de su predecesor al frente de la Consejería de Hacienda, el actual vicepresidente del Consell José Luis Olivas, apelando a supuestas inversiones multimillonarias desarrolladas durante la pasada legislatura para paliar el déficit de infraestructuras que arrastraba la Comunidad Valenciana. Pero lo cierto es que el descontrol de las cuentas públicas fue notorio bajo la gestión de Olivas, al punto de que la Generalitat se vio obligada a convertir en deuda a largo plazo 100.000 millones de pesetas en obligaciones a corto plazo para afrontar operaciones de tesorería en febrero de 1998. Las nuevas directivas europeas y las paralelas normas del Banco de España permitieron llevar a cabo una operación necesaria para ajustar los presupuestos a la realidad financiera de las arcas de la Generalitat.

El volumen de ingresos pendientes que arrastran las sucesivas liquidaciones de los presupuestos de años anteriores constituyen otra pesada losa. Hacienda todavía mantiene vivos como ingresos pendientes, por ejemplo, 56.000 millones que reclama a la Seguridad Social correspondientes al año 1996.

Pero el mayor lastre de la Generalitat es el elevado volumen de su deuda pública, condenada a crecer 100.000 millones más, como mínimo, durante el próximo ejercicio. El volumen de esa carga y su crecimiento constante empañan el objetivo de déficit cero que Rambla anuncia como prioridad del presupuesto para 2001.

Las empresas y entidades autónomas de la Generalitat tienen previsto acudir al crédito durante 2001 para obtener más de 82.000 millones de pesetas, según consta en el proyecto entregado en las Cortes. Pero esa cifra está condenada a crecer. La nueva sociedad pública creada para ejecutar el mapa escolar también recurrirá al endeudamiento para afrontar las obras necesarias, según anunció el propio Rambla el lunes. El recurso al crédito ajeno responderá a la rapidez en la ejecución de las obras.

Dadas las circunstancias, el Grupo Socialista exigió ayer a Hacienda datos exhaustivos sobre la deuda de la Generalitat, su composición y la moneda en la que se ha suscrito. Los socialistas también han solicitado datos relativos a los compromisos económicos adquiridos por la Generalitat con ayuntamientos, diputaciones o universidades para establecer el volumen total de la denominada deuda centrifugada.