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CC OO tilda de "ilegal" la situación de El Monte y San Fernando por retrasar el cambio de estatutos

La complicada fórmula consensuada en las asambleas de El Monte y Caja San Fernando el pasado viernes para responder a la exigencia de adaptar sus estatutos a la ley de Cajas fue descalificada ayer por el presidente del comité de empresa de El Monte, José Segura. El representante de los trabajadores, de CC OO, consideró "ilegal" la disposición por la que ambas asambleas condicionaron la entrada en vigor de los nuevos estatutos a que la Consejería de Economía apruebe el reglamento de la norma. Segura criticó el nuevo retraso en la adaptación legal de ambas cajas y recordó que el plazo para que las entidades modificaran sus estatutos se cerró el pasado 29 de junio.

Las asambleas de El Monte y Caja San Fernando eligieron, por amplísima mayoría, una opción nueva para hacer frente a la requerimiento legal de adaptar sus estatutos. Si en una primera votación (en junio), ambas asambleas rechazaron modificarlos por considerar imprescindible la existencia de un reglamento de la norma, en esta ocasión sí aprobaron los estatutos pero los condicionaron a la elaboración del reglamento. Una opción que contó con el apoyo de todos los partidos políticos, incluidos el PSOE. Para el representante de los trabajadores en El Monte, sin embargo, la situación no ha cambiado gran cosa entre una y otra votación. "Al supeditar la entrada en vigor de la adaptación a la aprobación del reglamento, se vuelve a incumplir el plazo previsto por la ley de Cajas", argumentó José Segura. "Lo que ocurre es que un mes después de comunicar la aprobación y entrada en vigor del estatuto, debe iniciarse el proceso de renovación de los órganos de gobierno, y eso es lo que no desean algunos que quieren seguir dirigiendo la fusión con la Caja San Fernando, en contra del criterio de la Junta", añadió.

Un portavoz de El Monte defendió la legalidad de la disposición en la que se condiciona la aprobación de los estatutos al reglamento. "Esta entidad no firma nada ilegal", afirmó, y consideró "contradictorio" que el representante sindical criticara un acuerdo "al que dio su voto favorable". En la votación en esta entidad se registró tan solo una abstención.

El presidente del comité de empresa indicó que en el Consejo de Administración previo a la asamblea hizo constar seis salvedades a los nuevos estatutos, entre ellas una al condicionamiento de su entrada en vigor a la aprobación del reglamento, "puesto que esto es ilegal". "Lo que al final se aprobó por 129 votos favorables y una sola abstención fue el estatuto en su globalidad, pero yo me mantuve en contra en el consejo de administración, al igual que otros consejeros estuvieron en contra o se abstuvieron", precisó Segura.

El dirigente de CC OO matizó que él voto a favor del acuerdo global en asamblea porque "ni a El Monte ni a ninguna empresa financiera le interesa estar todo el día en una situación de ilegalidad", aunque volvió a expresar sus dudas sobre la eficacia de lo aprobado.

La Consejería de Economía no quiso pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo porque en la tarde de ayer aún no haber recibido el texto de ambos acuerdos. Hasta ahora, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, ha mantenido que la adaptación a la ley es independiente de la aprobación del reglamento y, de hecho, su departamento decidió asumir la redacción en los nuevos estatutos de Caja de Jaén, cuya asamblea rechazó por segunda vez la adaptación a la ley.

Argumentos opuestos

El acuerdo de El Monte y Caja San Fernando, impulsado por sus respectivos Consejos de Administración, sí aprueba los estatutos aunque los deja en suspenso. Los servicios jurídicos de ambas entidades creen que así se cumple la exigencia legal. "El Código Civil y el derecho mercantil permite a las entidades privadas aprobar acuerdos en los que se incluyan este tipo de cláusulas", explicó uno de los asesores consultados por los servicios de las cajas. "Lo que acordaron las asambleas de El Monte y San Fernando incumple la ley; el Código Civil incluye la posibilidad de cláusulas suspensorias para acuerdos entre particulares, al legislador no se le pueden poner condiciones porque representa la voluntad general, es la norma superior", repuso Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional quien indicó que "la Consejería de Economía debía haber actuado ya el 30 de junio".

La norma autonómica no establece plazo alguno para la elaboración del reglamento. "En todo caso, las cajas pueden facultar a los Consejos de Administración para hacer modificaciones cuando se apruebe el reglamento pero no condicionar a eso la entrada en vigor de los estatutos", indicó otro experto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de octubre de 2000

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