La Hacienda alavesa quiere aplicar a las pensiones la bonificación de las rentas de trabajo

La Diputación Foral de Álava está decidida a rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que sea competitivo con el de territorio común. La Hacienda alavesa está preparando una batería de medidas para presentar ante el Órgano de Coordinación Tributaria (OTC). Los mayores beneficiados de esta iniciativa serán los jubilados cuyas pensiones se quieren equiparar a las rentas de trabajo y por tanto aplicarles la bonificación que a éstas se aplica. Las tres haciendas vascas tienen también en estudio un incremento de esta bonificación, hoy situada en 350.000 pesetas, de cara a rebajar el IRPF a los contribuyentes que viven de rentas de trabajo, la inmensa mayoría.

La Hacienda alavesa, la única de las tres en manos del Partido Popular, quiere llevar la iniciativa en los cambios del nuevo IRPF, aprobado en diciembre de 1998. La idea de Álava, según Juan Antonio Zárate, es "abaratar" el impuesto, ya que "hay margen". La equiparación de las pensiones a las rentas de trabajo supone un rebaja impositiva para los pensionistas.El otro colectivo que se verá ampliamente favorecido con una rebaja en el IRPF es el de los inválidos y minusválidos. Los trabajadores en activo con una minusvalía tienen actualmente una deducción que en el momento de su jubilación desaparece, pese a que la minusvalía no lo hace. La Hacienda alavesa quiere que se mantenga.

La desaparición de la deducción por gastos médicos y farmacéuticos ha tenido una repercusión negativa en la gran invalidez. Ahora este territorio va a proponer al OCT incrementar esta deducción para compensar. La idea no es hacerla homogénea ya que complicaría la gestión con la presentación de facturas. La Hacienda quiere establecer tramos que gradúen el volumen de la deducción en función del grado de minusvalía.

Deducción por hijos

Un proyecto en el que Álava insiste, pese a la oposición de los otros territorios, es en cambiar la deducción por hijos. Quiere que pase de la cuota -cantidad a pagar una vez aplicada la tarifa del impuesto a la base imponible (los ingresos netos)-a la base tal y como está reglado por la Hacienda del Estado. Vizcaya y Guipúzcoa consideran que este criterio no es progresivo porque reduce la base imponible de quienes tienen más ingresos.Más allá de estos proyectos, que están pendientes de ser estudiados por el OCT, las tres haciendas han tenido un comienzo de curso bastante activo. Por una parte se ha puesto en marcha la adaptación del real decreto del Gobierno central de medidas de liberalización del junio. Guipúzcoa ya ha aprobado la mayor parte de la normativa, mientras Álava y Vizcaya la tienen en Juntas Generales. Los puntos más importantes son la reducción de las plusvalías de un 20% a un 18%, el cambio del tratamiento de las EPSV (Entidades de previsión social) para jubilados y cónyuges sin rentas y una exención en el Impuesto de Patrimonio de la vivienda habitual de hasta 25 millones.

Lo que las haciendas aún no han adaptado es el cambio en el Impuesto de Sociedades. Los tres territorios quieren que las desgravaciones por nuevas tecnologías (adquisición de ordenadores, conexión a Internet,..) se adapten sin problemas. La dificultad ha estado en que el cambio fiscal para las sociedades de tenencia de valores, tal y como lo establece la normativa del Estado, produce una exención fiscal para casos como el de la venta de Airtel a Vodafone. Las haciendas están buscando una fórmula para que se pueda integrar esta normativa sin que se dé este "efecto perverso".

La reforma de las EPSV implica elevar el límite de aportación para las personas mayores de 52 años, según una escala progresiva, aunque con un tope del 20% de los ingresos. Ahora el límite está en 1,1 millones de pesetas. Los contribuyentes de 65 años podrán aportar a sus fondos hasta 2,2 millones de pesetas, el doble de los establecido hasta ahora. De esta forma la proximidad a la jubilación permite una mayor previsión. Por otro lado, los cónyuges que no tienen ingresos propios tendrán la posibilidad de realizar planes de pensiones de hasta 300.000 pesetas al año.

La otra medida que están estudiando ya las Juntas generales de los tres territorios es la tributación de los prejubilados. La nueva normativa los trataría como renta irregular y no como renta de trabajo; motivo que causa conflictos sociales recurrentes en jubilaciones colectivas en empresas.

Además de estas medidas, Álava tiene también en Juntas Generales la mejora de la deducción de vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Esta iniciativa no la han seguido las otras haciendas de momento.

Todas estas medidas llegan después de que la primera campaña de la Renta con este impuesto, como ya reconoció la Hacienda vizcaína, no haya servido para reducir el número de declaraciones. Estos datos se han producido siendo el mínimo exento para declarar cinco millones de pesetas; una cantidad que ya ha sido reducida para el ejercicio en curso, cuya declaración de la Renta se elaborará en la primavera de 2001, hasta tres millones.